El pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado a realizar una auditoría en materia de seguridad estructural al Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.
Ello luego de que el 18 de julio de 2017, el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Amado Cruz Malpica, presentara su anteproyecto y exigiera que los resultados que se generaran de dicha revisión fueran públicos.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentó el proyecto que fue avalado por todos lo diputados presentes en la sesión, conminando además a que se instruya al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) o dependencia que corresponda, a que se entreguen tarjetas de residentes, donde se considere una tarifa preferente a la población de Villa Allende que transita diariamente por el Túnel.
Cruz Malpica había comentado que era necesario que las autoridades de la SIOP, Protección Civil, y todas las involucradas, dieran las condiciones de certeza mínimas de la seguridad, pues existían inquietudes de los ciudadanos de esa zona en torno a la ventilación, iluminación, bombeo, así como las filtraciones de agua que se habían producido en ese entonces.
“A la opacidad en la construcción del túnel sumergido, se suma ahora la falta de información técnica sobre las condiciones de seguridad que tiene y que son causa de la preocupación ciudadana”, expuso en su mensaje, al acotar que era conveniente tener certeza sobre el correcto funcionamiento de la obra.
Recordó que que al 30 de abril del año pasado, se habían registrado 150 sismos entre 3 y 4 grados Richter (…), llegando al punto de cerrar el flujo vehicular después de haberse presentado un sismo, como sucedió el 20 de mayo.
Sobre los costos del peaje, había señalado que mientras pasar por el puente Coatzacoalcos I representaba un gasto de 22 pesos, hacerlo por el Túnel Sumergido significaba pagar 34 pesos, lo que a su juicio era “muy oneroso”.
