Diputados de diversos grupos legislativos que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, presentaron una iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política local, en materia de declaración patrimonial, como parte del recién creado Sistema Estatal Anticorrupción.
De esta manera, y al cambiar la fracción XVII del artículo 33 de la Carta Magna, se le quitaría al Congreso la facultad de recibir el registro de la situación patrimonial de todos los servidores públicos de la entidad, quedando bajo su responsabilidad, exclusivamente los correspondientes al Poder Legislativo.
En el caso de los Ayuntamientos y los Organismos Constitucionales Autónomos, éstos contarán con su respectivo órgano interno de control, mismo que estará dotado de facultades para llevar el registro de la declaración patrimonial de los servidores públicos, conforme la modificación de la fracción IX del artículo 71 y el segundo párrafo del numeral 76 de la Constitución veracruzana.
En la exposición de motivos se recuerda que el 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción.
En estas reformas se estableció como eje rector la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Derivado de la referida reforma constitucional, se agrega, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción, entre ellos, se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que establece la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal.
Se añade que uno de los objetivos, estrategias y líneas de acción que tiene el establecimiento del sistema local anticorrupción del Estado de Veracruz es instaurar el procedimiento para determinar la evolución patrimonial de la declaración de intereses y presentación de declaración fiscal de los servidores públicos, a través de un balance de sus percepciones y gastos a fin de detectar posibles enriquecimiento ilícitos.
Se reitera que la declaración de la situación patrimonial de los servidores se realiza con el fin de tener un control respecto de la situación de su patrimonio, esto es, sus ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos.
