El titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, dio a conocer que a la fecha, este ente ha presentado 139 denuncias penales por un probable daño patrimonial de 29 mil 879 millones de pesos.
Al comparecer ante los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso Local, enumeró que tras el análisis de la cuenta pública 2016, aprobado por la Legislatura, se detectó un probable desfalco de 10 mil 702.7 millones de pesos en diez dependencias estatales, incluyendo la Cuenta Pública Consolidada.
Además, agregó que 102 municipios se detectó un probable desvío de 648.6 mdp; en 14 Organismos Públicos Descentralizados, el posible daño patrimonial fue por 647.9 millones de pesos y en cuatro fideicomisos, por 493.7 millones de pesos.
Dijo que derivado de la instrucción que les dio el Congreso, iniciaron la Segunda Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, por lo que, en atención a ese decreto del pasado 31 de octubre, se desahogaron las audiencias de pruebas y alegatos que concluyeron el pasado 19 de diciembre.
“Actualmente nos encontramos en el periodo de valoración de las pruebas aportadas, para emitir las Resoluciones”, expuso en sus palabras al adicionar que en paralelo al inicio de la Segunda Fase, se formularon 16 denuncias penales, en contra de quien o quienes resulten responsables, por un monto de 5 mil 501.8 millones de pesos ante la Fiscalía General del Estado.
Portilla Vázquez agregó que no sólo se han determinado observaciones y emitido recomendaciones; también se ha logrado recuperar recursos públicos para ser aplicados a los fines que originalmente se aprobaron, por lo que de la Cuenta Pública 2016, la recuperación fue por un monto de 196.2 millones de pesos y en general, de las cuentas pública anteriores, se han recuperado mil 542.8 millones de pesos.
En cuanto a las observaciones de carácter administrativo, recordó que la Legislatura local instruyó a los titulares de los Órganos Internos de Control, dar el seguimiento y en su caso, sustanciar los procedimientos disciplinarios administrativos, debiendo presentar un informe pormenorizado.
De los informes recibidos, se desprende que 147 Entes Fiscalizables, iniciaron procedimientos administrativos, aplicando cinco sanciones económicas; 13 apercibimientos públicos; 136 apercibimientos privados; 12 amonestaciones públicas; 70 amonestaciones privadas; y 3 destituciones o inhabilitaciones.
