A diferencia de otros gobernadores fanfarrones de su partido, que han llegado al ridículo de amagar con “cimbrar a México” sin que cumplan cabalmente hasta ahora con sus amenazas de destapar la cloaca de la corrupción en las altas esferas de poder, el mandatario panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado –quien acaba de lograr que la Federación le pague 900 millones de pesos que le adeudaba a la entidad que gobierna–, presentó este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que desincentiva la profesionalización de las policías, vulnera el pacto federal, la democracia, y pone en riesgo los derechos humanos.
Este acto del gobernante norteño ha coincidido coyunturalmente con un video que circula en redes sociales, en el que dos agentes adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) critican los operativos que el gobierno federal realiza contra los grupos criminales.
En la grabación, los elementos Octavio Martínez Quiroz, de 26 años, y Alfonso Hernández Villavicencio, de 28 –levantados presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de febrero en los límites entre Nayarit y Jalisco–, aparecen hincados y con las manos atadas, mientras que atrás de ellos se observa a cuatro personas encapuchadas que les apuntan con armas largas.
El agente Alfonso Hernández lee un mensaje en el que afirma que la Secretaría de Gobernación les dio órdenes de hacer detenciones arbitrarias y desaparecer a narcotraficantes. Agrega que “el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han dado la orden a todas las dependencias de gobierno, en especial al grupo de investigación de la SEIDO, Ejército y Marina, que hagan negativa toda captura de cualquier objetivo, sea o no sea delincuente, y desaparecer todo rastro de las operaciones que realicemos, así como permiso abierto de hacer lo que queramos con ellos, que es lo que hemos estado haciendo en conjunto con la Marina”.
“Acciones como tortura, robo, secuestro de nuestros objetivos y hasta desaparecerlos sin respetar mujeres, niños y personas mayores, siendo ellos las principales víctimas”, continuó leyendo.
Lo denunciado en este video hace recordar las múltiples ejecuciones que se han venido cometiendo en Veracruz y otros estados aledaños.
Por ejemplo, hace ocho meses, a finales de junio de 2017, fue “abatido” en Puebla por la Marina Armada de México Ricardo Pacheco Tello, (a) El Quino, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculado con el homicidio del comisario de la Policía Federal
en Veracruz, Juan Camilo Castagné, ejecutado una semana antes en un restaurante de ciudad Cardel.
Casualmente, a principios de 2011, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, del PAN, el CJNG arribó a Veracruz autodenominándose “Los Mata-Zetas”, según videos que ellos mismos difundieron en YouTube en los que aparecían encañonando a los sicarios del cártel contrario, igual que como ahora se les ve apuntándoles a los agentes de la SEIDO. La presencia del CJNG en Veracruz coincidió con otras ejecuciones ocurridas en junio y julio de 2011, entre ellas las de algunos periodistas porteños que presuntamente estaban vinculados a Los Zetas. Sin embargo, el incidente de mayor impacto sucedió el 20 de septiembre de ese mismo año, cuando fueron arrojados 35 cadáveres por un comando armado frente a la plaza comercial Las Américas, de Boca del Río, a unos metros del Centro de Convenciones del World Trade Center, donde al día siguiente iniciaría el 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia de todo el país. Fuentes castrenses consultadas por el diario La Jornada en la Ciudad de México confirmaron en esa ocasión que integrantes del cártel jalisciense habrían sido los autores de la matanza de 23 hombres y 12 mujeres que presumiblemente pertenecían a la organización criminal liderada entonces por Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales. El hecho ocurrió dos semanas después de que la Secretaría de Marina informara sobre el desmantelamiento de una red de comunicación del Cártel de Los Zetas y la captura de 80 integrantes de esa organización delictiva, y al otro día de la fuga de 32 reos de los penales estatales de La Toma, Duport-Ostión y José María Morelos. Los cuerpos fueron abandonados a media tarde bajo un paso a desnivel por hombres armados que viajaban en dos camionetas Suburban negras y en otro par de estaquitas de redilas blancas donde fueron transportados los cadáveres cubiertos con unas lonas. ¿Cómo lograron burlar el cerco militar en la zona hotelera donde se hospedarían y sesionarían los presidentes de tribunales y procuradores de justicia de todo el país? Esa sigue siendo hasta ahora la gran incógnita. Elementos de la SEDENA y de la Armada de México desplegaron un operativo en toda la conurbación Veracruz-Boca del Río, así como en las salidas a Xalapa, Córdoba, Alvarado y la región de La Mixtequilla, pero inexplicablemente no detuvieron a ningún criminal. Tampoco se conocieron las grabaciones de las videocámaras de la Secretaría Seguridad Pública instaladas en ese transitado corredor comercial del municipio boqueño, donde, por cierto, despachaba como subsecretario B de la SSP el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, quien fue detenido ocho meses después, en mayo de 2012, por la PGR –todavía durante la administración calderonista–, la cual, según versiones extraoficiales obtenidas por la periodista Anabel Hernández, publicadas en la edición número 1914 de la revista “Proceso” del domingo 7 de julio de 2013, habría sido presionado para que como “testigo protegido” implicara con el narcotráfico al entonces gobernador Javier Duarte y a su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, a quien no mencionaron por su nombre. Coincidentemente, ese mismo año, Ricardo Monreal, a la sazón diputado federal del
Partido del Trabajo, denunció en su libro “Escuadrones de la muerte en México” la existencia de grupos paramilitares que con la autorización de los altos mandos castrenses, durante el calderonato, actuaban y eran entrenados clandestinamente en un rancho del norte de Veracruz, por la región de Álamo. Por su modus operandi y la presunta protección oficial que hasta el año 2012 recibieron del gobierno federal y del jalisciense, ambos del PAN, en Veracruz funcionarios estatales llegaron a suponer que el Cártel Jalisco Nueva Generación sería uno de ellos. Y es que ni la administración del presidente Calderón ni la del gobernador tapatío Emilio González Márquez (2007-2013) los combatieron pese a que el 8 de abril de 2015 el Departamento del Tesoro estadounidense recordó en un reporte oficial que el CJNG y “Los Cuinis” eran de los más poderosos en México. “Estas dos organizaciones han expandido rápidamente su imperio criminal con el uso de la violencia y la corrupción. Ahora se colocan como las más poderosas organizaciones de narcotraficantes de México”, refería John E. Smith, director de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro estadounidense. Días antes de la difusión de este reporte, el 28 de febrero de ese mismo año, efectivos de la Marina detuvieron en un restaurante de Puerto Vallarta a Abigael González Valencia, presunto líder de “Los Cuinis” pero quien supuestamente sería el verdadero jefe del CJNG, el cual habría ofrecido a sus captores 50 millones de pesos para no ser fotografiado ni videograbado para no quedar estigmatizado. Sin embargo, a diferencia de Nemesio Oseguera Cervantes, (a) El Mencho, el capo visible del CJNG y cuya frustrada captura provocó el viernes 1 de mayo de 2015 actos narcoterroristas en varias ciudades de Jalisco y entidades vecinas, incluido el derribamiento de un helicóptero militar, Abigael fue detenido sin disparar un solo tiro, aunque inexplicablemente hasta a mediados de abril del año pasado se desconocía su paradero ya que según versiones periodísticas la PGR no lo había puesto a disposición de ningún juez pese a que ya habían corrido los 40 días de arraigo que establece la ley. En cambio, Ricardo Pacheco Tello, (a) El Quino, oficialmente fue “abatido” por la Marina en Chipilo, Puebla, luego de que el día anterior, en la capital poblana, diez miembros de su organización criminal fueron detenidos sin disparar un solo tiro. El líder del CJNG en Veracruz cayó… y calló para siempre.
