La presunta responsabilidad que la ASF atribuye como un supuesto desvío de recursos por 3,855 millones de pesos en la SEDATU a la titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga, el nerviosismo y preocupación no se pueden ocultar por la mujer que fue Jefa de Gobierno capitalino y Presidenta Nacional del PRD. Por otra parte la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio presupuestal de 2016, le arroja a la misma funcionaria un ejercicio indebido de recursos públicos por 6,231 millones de pesos en el Programa de Infraestructura y Pago de Convenios con Universidades; lo que podría terminar en un castigo ejemplar a la primera mujer encarcelada, después de haber alcanzado la titularidad de la SEDATU y SEDESOL de la administración pública federal.
El ambiente político sube de temperatura y la presión para combatir la corrupción oficial aumenta, acumulando denuncias y expedientes en contra de servidores públicos en activo y en la banca, cuyas pretensiones para formar parte de las próximas bancadas del Congreso de la Unión no es otra que la de disfrutar del fuero constitucional, que les procura la impunidad a todos aquellos que han desviado recursos públicos y amasado grandes fortunas.
La falta de oxigenación en el ambiente político, así como la permanencia prolongada de políticos que llevan décadas incrustadas en puestos públicos, sin opciones para la formación de una nueva clase política, produce inquietud y desesperación, en los sectores juveniles que en México suman más de 35 millones de ciudadanos que cuentan con una edad de entre 18 y 34 años, muchos con aspiraciones políticas.
La judicialización de la política, llegó para quedarse y en todos los procesos electorales, desde la renovación de autoridades municipales, estatales y federales, las estrategias políticas, se orientan a las acusaciones de conductas delictivas de los candidatos a puestos de elección popular y de sus familiares y amistades con quienes muchos de los señalados, han concretado operaciones económicas incluyendo personas y empresas inexistentes; que con toda mala fe, dolo y violencia, utilizan para amasar fortunas que no pueden justificar lícitamente.
Con certeza, antes del 1º de julio, conoceremos las grandes sorpresas que la PGR y algunas fiscalías locales, están preparando para sanear la actividad política, encarcelando a personajes de todo nivel, quienes por ahora “sienten pasos en la azotea” y algunos ya tramitan sus Amparos correspondientes.
