En un comunicado dirigido al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a la rectora Sara Ladrón de Guevara donde manifiestan su “más profunda indignación” por el caso de la doctora Rosío Córdova Plaza, quien fue citada por la Fiscalía General del Estado por dar cifras de estudiantes universitarios secuestrados.
En la misma reiteran que la investigación “es una de las funciones sustantivas de la Universidad”.
De igual manera, exigen que no se criminalice a la investigación social y académica por parte de autoridades gubernamentales.
