Para evitar confrontaciones estériles que en nada benefician a la población y que, por el contrario, la confunden y distraen el correcto desempeño de las administraciones municipales, el diputado Carlos Antonio Morales Guevara presentó una iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, para establecer disposiciones relativas a impedir que un servidor público entrante haga acusaciones en contra del saliente sin contar con los argumentos que señala la ley.
En la sesión de la Diputación Permanente, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso indicar en la ley que bajo ninguna circunstancia, el servidor público entrante que no cuente con argumentos emitidos y acreditados debidamente por la instancia correspondiente, hará declaración tendiente a denostar la imagen del servidor público saliente, respecto a presuntas inconsistencias o irregularidades en tanto aún no se determinen conforme a la ley de la materia.
El también presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado expuso que, a los veracruzanos, les interesa que sus gobernantes trabajen de lleno en la consolidación de oportunidades y que éstas verdaderamente los acerquen a promisorios horizontes.
“Con base en experiencias del pasado, es indiscutible que no hay más cabida para gobiernos cuyos titulares pretendan improvisar y sus acciones no guarden similitud entre el decir y el hacer, así como tampoco se tolerarán más a aquellos gobernantes insensibles, que navegan con las banderas de la legalidad y la transparencia cuando realmente lo hacen con las propias de la impunidad y corrupción” agregó.
El diputado Morales Guevara dijo que esta iniciativa prevé disminuir los casos como aquellos donde cada vez que exista un cambio de administración, las autoridades venideras se enfrascan en señalamientos que distraigan su capacidad y voluntad para atender las principales problemáticas de los gobernados.
Manifestó que quienes ocupan la titularidad de una administración pública tienen el espacio para manifestar inconformidades respecto el actuar de las autoridades salientes, algo que es completamente normal y, desde luego, legal.
Sin embargo –agregó- en diversas ocasiones emiten señalamientos infundados y sin acreditarse oportunamente por las instancias competentes, en especial cuando se trata de enfatizar sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de la administración saliente, máxime si se trata sobre el uso de recursos públicos, situación que desde luego ocasiona un deterioro a la imagen de los ex servidores públicos, y que solamente evidencian revanchismos políticos que en nada abonan al presente y futuro de quienes quedan en medio, los gobernados.
En la sesión, el diputado Carlos Morales Guevara presentó la iniciativa ante el Congreso de la Unión para adicionar una fracción al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para precisar la adición de la legitimación como un importante mecanismo de control constitucional que permita mantener la eficacia y la vigencia del máximo ordenamiento, tomando como punto de partida los esfuerzos desplegados por las entidades federativas en las últimas dos décadas.
