En un texto con versificación sobre los juicios orales, el doctor Alberto del Castillo Del Valle, al referirse a las garantías constitucionales clásicas relata: “”Con todo y la reforma – se mantienen en su forma – las clásicas garantías – evitando tropelías. – Ellas traen seguridad – por ser la legalidad – de exacta aplicación – y de audiencia, esas son. – Continua la versificación sobre los juicios orales y el doctor Del Castillo en otro estribillo dice: – Solo cuando hay delito – que esté en la Ley prescrito, – podrá imponerse pena, – sino no habrá condena. – Hay irretroactividad – protegiendo la libertad, – no rige la ley posterior – por la conducta anterior.””
Ayer comentamos la irrespetuosa, infundada y absurda “amenaza con cárcel” proferida por Ricardo Anaya Cortés, contra el Presidente de la República Enrique Peña Nieto; y señalamos que la Constitución es clara en el artículo 108, que especifica que “solo por delitos graves” durante su ejercicio, o “por traición a la Patria”, procederá enjuiciar al titular del Ejecutivo.
En el caso concreto de lo que se consideró el día de ayer como “dimes y diretes” propios de toda campaña política, el Presidente Peña, reiteró que no se meterá en eso dimes y diretes y que únicamente su participación en el proceso electoral para elegir a su sucesor, se concretará a la emisión de su voto el próximo primer domingo de julio. La posición de don Enrique Peña Nieto, ha sido clara, precisa y contundente para que deje de buscar culpables Ricardo Anaya, de la filtración de los hechos que lo incriminan en diversos delitos en que incurrió para convertirse en millonario de diez años anteriores a la fecha.
Si remotamente llegara a ganar la elección el campeón de la traición Ricardo Anaya Cortés, tal como ha sido señalado por su excompañera de partido y exprimera dama Margarita Zavala, y si persistiera el incalificable propósito de Anaya, para encarcelar a Peña Nieto, se tendría que modificar la Carta Magna, para desaparecer de su texto, las garantías constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso legal e irretroactividad de las leyes y solamente bajo esas hipótesis, podría cumplir sus amenazas el candidato presidencial del PAN-PRD-MC.
Mejor sería para Anaya, que consulte a su abogado Diego Fernández de Ceballos, y se retracte desde ahora de sus amenazas al presidente, ofreciendo las disculpas de rigor y solicitando el perdón del ofendido.
