El pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), ordenó al Poder Judicial del Estado (PJE), dar a conocer el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que reciben una pensión complementaria y/o haber de retiro o en su caso sus beneficiarios.
Y es que el sujeto obligado, a través de su Comité de Transparencia, determinó calificar como reservada la información solicitada por un particular, por lo que éste se inconformó ante el órgano garante, quien finalmente le dio la razón.
El Director de Asuntos Jurídicos del PJE expresó que la información fue clasificada como reservada para garantizar la seguridad e integridad de quienes se desempeñaron como magistrados, y mencionó que había un interés particular del solicitante al haber prestado sus servicios anteriormente a dicho organismo.
Sin embargo, en la resolución los comisionados ordenaron al PJE que revele qué magistrados reciben estos beneficios, el monto de dinero que les entregan, y las bases expedidas por el TSJ al tenor de las cuales se estableció la forma en que se otorgan.
Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, consideraron que la clasificación de la información no estaba ajustada a Derecho, ya que se trata de información vinculada a una obligación de transparencia, que consiste en publicar y mantener actualizada la información relativa al listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; por lo que no puede ser clasificada como reservada, sino que debe ser proporcionada.
Adicionalmente, se estipuló que el PJE no precisó las razones del por qué la liberación de la información solicitada generaría una afectación mayor al interés público de conocerla y por el contrario, quedó demostrado que el interés público debe prevalecer, privilegiando la transparencia y difusión de la información.
El IVAI desestimó el argumento de reserva relativo al supuesto interés particular del solicitante, refiriendo que ello no es obstáculo, pues toda persona tiene derecho a obtener información sin que en ningún caso su entrega se condicione a que se motive o justifique su utilización ni se le requiera demostrar interés legítimo.
Por otro lado, los integrantes del IVAI ordenaron al Partido Acción Nacional (PAN), que le informe a un ciudadano el padrón de proveedores o la relación de contratistas con los que tenía una relación comercial, en el Ejercicio Fiscal 2016.
Y es que en su respuesta, el blanquiazul adujo que no contaba con esos datos; no obstante, se concluyó que conforme a los criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como lo establecido en las Leyes General y Local de Transparencia, las organizaciones políticas tienen la obligación de contar con ese padrón.
