El descontrol político nacional no se justifica; ya que existe como instrumento para la gobernabilidad democrática un centro de excelencia que dispone de tecnología de punta, presupuesto y recursos humanos calificados; cuyos objetivos son mantener al día o con toda anticipación, la información de los hechos que se generan para desestabilizar al gobierno, por miembros de la delincuencia o de la oposición política, que solo busca llegar al poder, por el poder mismo.
La Secretaria de Gobernación, como Ministerio del interior, dispone de la información de los acontecimientos políticos que suceden en todo el territorio nacional, y puede desactivar cualquier foco de insurrección que ponga en grave riesgo la estabilidad del país. Y en algún tiempo, la Secretaria de Gobernación constituyó el pivote entre Los Pinos y el partido hegemónico de Estado que fue desde su fundación y con una duración de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional.
Lamentablemente durante las últimas tres décadas, dos áreas del Gobierno de la República, han fallado; pues tanto la Secretaria de Seguridad Pública, que tiene a su cargo principalmente la prevención del delito y garantizar la tranquilidad y la paz social, conjuntamente con la Procuraduría General de la República , que actúa cuando ya ocurrieron los delitos, para proceder a su investigación y a perseguir y detener a los presuntos responsables, para dejarlos a disposición de los tribunales, que como órganos de impartición de justicia, cierran el círculo que debió mantener a buen resguardo en los Centros Penitenciarios a todo tipo de delincuentes, incluidos aquellos llamados de cuello blanco, han dejado de hacer su tarea.
Si las Instituciones Públicas mencionadas, cumplieran puntualmente y de manera estricta con sus funciones, facilitarían el trabajo del Presidente de la República, encargado de la conducción política del país y responsable en este régimen presidencialista, del aprovechamiento de los recursos naturales que son propiedad de la nación; así como de la planeación democrática para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo.
Si estas acciones se hubieran realizado de acuerdo al marco constitucional que nos rige, no viviríamos con tanta desigualdad económica, con la inseguridad protegida por la corrupción. Viviríamos a plenitud el Estado de Derecho y el quehacer político no estaría tan desacreditado como lo está.
