Si partimos de la definición de la Política, que señala que dicha actividad es “el quehacer ordenado para lograr el bien común”; y si nos detenemos a reflexionar sobre el significado de Bien Común, podemos concluir que el fin principal de la Política se traduce en: lograr el bienestar colectivo de la población, elevando y garantizando una mejor calidad de vida. Es por ello que como aspiraciones sociales de los mexicanos, la Constitución Política , consigna como derechos fundamentales: garantizar la alimentación, la atención a la salud, la satisfacción de una vivienda y un trabajo, dignos y remunerativos, respectivamente; pero también el derecho a votar y ser votado.
Pero la Política y su ejercicio, se han desvirtuado y degradado tanto, que muchos piensan que el quehacer político se concreta a proferir dimes y diretes, sacando los trapos sucios de los contrarios; con el único propósito de desgastar y destruir las imágenes de quienes no comulgan con las ideas de los detractores. Lo grave de la Política a la mexicana en el actual proceso electoral, resulta ser, las amenazas y descalificaciones que desde el anonimato se profieren contra los “enemigos”, con el clásico acto de cobardía, que consiste en: “tirar la piedra y esconder la mano”.
Y como el ambiente político ha subido de presión, los insultos han sido sustituidos por “amenazas”; pues no conformes con proferir calumnias y difamar el honor de las personas, hoy se acostumbra amedrentar, arrinconar y atemorizar a quienes no comulgan las mismas ideas y a quienes no apoyan a los candidatos preferidos por quienes se esconden en el anonimato, para advertir que corren peligro de muerte los contrarios, y que nadie está exento de levantones, secuestros o desaparición forzada.
Resulta urgente e impostergable, poner un alto con mano firme por parte de quienes gobiernan al País, a las Entidades Federativas y a los Municipios, para que se persiga y se sancione con energía a los promotores del caos y de la intranquilidad social. De lo contrario, serán muy pocos los ciudadanos que acudan de manera voluntaria y sin temor alguno, a depositar sus votos en las urnas electorales del próximo 1º de julio.
O se aplican los artículos 35 y 36 constitucionales, o la mayoría caerá en el abstencionismo por el temor a que se cumplan las amenazas y el terrorismo cibernético que está proliferando sin control oficial alguno.
