La diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma al artículo 241 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, para coadyuvar a erradicar las prácticas familias que utilizan a hijos o hijas menores como objeto de disputa, haciendo que su bienestar quede desatentido y sus derechos vulnerados, tanto por las autoridades como por los sustractores.
En la sesión del Congreso, la legisladora propuso, a las penas de dos a nueve años de prisión y multa de hasta cien días de salario, aumentarlas en una mitad cuando la persona sea cónyuge, concubina o concubinaria, o con quien existió una relación de pareja, sea padre o madre del menor o incapaz, que sustraiga, retenga u oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con la finalidad de obligar al otro a dar, hacer o dejar de hacer algo.
En su exposición de motivos detalló que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2016 se registraron en Veracruz cuatro mil 461 divorcios. A nivel nacional, hubo 139 mil 807, de los cuales el 90.2 por ciento fueron de tipo judicial.
A partir de estas cifras –indicó- es alarmante pensar la cantidad de niñas y niños cuya estabilidad familiar, de vivienda, alimentación y educativa se encuentra suspendida el trámite de un divorcio, considerando que el de tipo judicial significa que hay en disputa bienes, pensiones alimenticias y en muchos casos, la custodia del menor.
Expuso que la sustracción de menores, sobre todo por familiares, atenta contra diversos bienes jurídicos como son la libertad del sujeto menor, su derecho a ser criado por ambos progenitores -sin verse perjudicado en caso de discrepancias o separación de la pareja- así como su derecho a la identidad.
La práctica judicial muestra, señaló Osorno Maldonado, que en infinidad de casos la sustracción o retención de menores también ha sido utilizada como una forma de extender la violencia hacia quien de origen tiene guarda o custodia del menor o incapaz ya sea de hecho o por derecho –siendo generalmente las mujeres las que la poseen-, ya sea para obligarla a dar, hacer, o dejar de hacer algo a favor de quien comete la conducta.
Su iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.
