Por resultar excesivo y existir una distorsión entre el financiamiento público que reciben los partidos políticos y el privado que pueden recabar para campañas, resultando este último mayor que el primero; los integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por mayoría de votos, revocaron otra vez los topes de gastos establecidos por el Organismo Público Local Electoral (OPLEV).
Durante la sesión pública celebrada la noche de este miércoles y en plenitud de jurisdicción, los magistrados resolvieron que el monto máximo que podrán erogar los candidatos a la Gubernatura, durante los 60 días en que buscarán el voto de los ciudadanos, es de 122 millones 468 mil 524.67 pesos.
Esta cantidad representa 35 millones 459 mil 576.75 pesos menos (29 % menos), que lo aprobado por el OPLEV el pasado 26 de abril, cuando se fijó el tope que deberían respetar los contendientes a la titularidad del Ejecutivo, en 157 millones 928 mil 101.42 pesos, .
Por cuanto hace a la elección de las Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa, el monto total por los 30 distritos electorales quedó estipulado en 65 millones 799 mil 529.68 pesos, es decir, 28 millones 541 mil 119.73 menos que los 94 millones 340 mil 649.41 pesos, establecidos por la autoridad administrativa.
Durante la discusión de los recursos de apelación presentados por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se concluyó que el ente comicial aplicó indebidamente la fórmula para determinar el valor unitario del sufragio, confundiendo los índices y las variables de marginación y el factor socioeconómico.
Si bien se dejó claro que el OPLEV es el facultado para fijar los topes de gastos de campaña y que en un escenario ordinario el asunto se le debería devolver para que reajustara las cantidades a erogar, también se explicó que dado que las campañas a la Gubernatura ya están en curso y las de las Diputaciones están a punto de empezar, se decidió hacerlo directamente en el TEV.
El magistrado presidente, José Oliveros Ruiz, decidió votar en contra del proyecto de sentencia, pues explicó que aunque estaba de acuerdo con revocar el acuerdo del órgano electoral, al no estar suficientemente motivado y no acatar lo precisado en la resolución anterior, no compartía las consideraciones que llevaron a fijar las nuevas cantidades máximas a erogar por los candidatos.
