El pleno del Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa ciudadana de reforma al artículo 67 de la Constitución Política Local, que presentó la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), para darle autonomía al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En la exposición de motivos, los integrantes de dicha organización, representados por su presidenta, Adriana del Carmen Chávez Tejeda, refieren que es necesario independizarlo del Poder Ejecutivo, en virtud de la falta de transparencia, control y eficiencia en la administración de toda su gestión, situación que no le ha permitido accionar por estar sujeto tradicionalmente a intereses políticos.
“Con la Autonomía Constitucional se lograría desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y transparentar ante la sociedad toda la actividad financiera y administrativa que le corresponde al Instituto, así como atender la función primordial que es la de la Seguridad Social para los derechohabientes del IPE”, abundan.
Critican que aunque en la década de los 70-80, gozó de una relativa bonanza económica; el tiempo, la manera de organizarlo y de gobernarlo, han demostrado que, lejos de cumplir cabalmente con las funciones que le fueron encomendadas, ha sido convertido en un aparato burocratizado, espoleado y saqueado al máximo, poniendo en alto riesgo la seguridad social de los derechohabientes.
La copie en su propuesta cuestiona una vez más su dependencia del Ejecutivo Estatal que inicia con la designación del Director General del IPE; Su forma de gobierno, integrado por un Consejo Directivo formado por 13 miembros, 7 de los cuales representan al Gobernador en turno y 6 son dirigentes sindicales incrustados ahí desde los años 70.
Además, un Comité Técnico encargado de administrar las finanzas del IPE, que constituye una réplica del Consejo Directivo, con los mismos 7 representantes del Gobernador y 6 dirigentes de los sindicatos, en evidente duplicidad de funciones; un Consejo de Vigilancia, formado por los mismos dirigentes de los sindicatos; una absoluta discrecionalidad en el manejo de los recurso tanto financieros como inmobiliarios y Uuna total falta de rendición de cuentas y de transparencia.
“El Instituto de Pensiones del Estado debe ser dotado de Autonomía Constitucional, dado que a través de ésta podrá ser reestructurado administrativa y financieramente de acuerdo a las demandas de las presentes y futuras generaciones de los derechohabientes”, refieren en la iniciativa.
