El dinero autorizado por el INE para el financiamiento de las campañas políticas del actual proceso electoral, resulta sin duda alguna una ficción; debido a que los topes, en un somero análisis, serían insuficientes para el trabajo, recorridos, promociones y sostenimiento de la estructura de cada uno de los aspirantes a la Presidencia de la República, a los Gobiernos Estatales, al Senado de la República, a las Diputaciones Federales y Locales.
Hoy se hizo público un estudio elaborado por los politólogos María Amparo Casar, presidenta de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad y Luis Carlos Ugalde, actualmente Director General de Integralia Consultores. En el estudio referido, se afirma que por cada peso legalmente autorizado para cada campaña, se gastan quince pesos adicionales en lo que se considera como “un fondeo ilegal”.
No se duda, que el llamado Fondeo Ilegal, incluya aportaciones económicas que provienen del crimen organizado, de inversionistas que cobrarán favores a quienes resulten ganadores, a través de la asignación de contratos de obra pública, pero también puede ingresar dinero oficial para las campañas, derivado del desvío de recursos públicos que los funcionarios en turno ocupan para favorecer el patrocinio de sus candidatos, con la seguridad de que habrá reciprocidad de quienes resulten electos, asegurando la impunidad de los servidores públicos patrocinadores.
Para muestra de lo ridículo que resultan los topes de campaña del INE, basta señalar que para los candidatos presidenciales, cada uno tiene autorizado un gasto de 429 millones 600 mil pesos, con excepción del Candidato Independiente a quien le autorizan una cifra mucho menor; y para los candidatos al Gobierno de Veracruz, cada uno tiene autorización para gastar en su campaña 157 millones de pesos, según el OPLE, por lo que lo autorizado para la campaña presidencial es tres tantos más de lo que se permite para la campaña al Gobierno de Veracruz, resultando imposible que se puedan respetar esos topes y no hay duda de que ingresa dinero ilegal a todas las campañas políticas, a sabiendas de las autoridades electorales, de la FEPADE, de la Secretaria de Hacienda y hasta de la propia Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta la fecha se haya castigado a algún responsable de estas operaciones de financiamiento electoral ilícito.
