El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, indicó que no por todas las denuncias que se presentan por la probable comisión de un ilícito en materia comicial, se abre una carpeta de investigación.
Así respondió al ser cuestionado sobre la discrepancia entre las cifras que maneja el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre que en Veracruz apenas se ha abierto tres carpetas de investigación de enero a abril de 2018, y las dadas a conocer por él, sobre que de las mil 600 denuncias a nivel nacional, 96 corresponden a nuestra entidad.
“Que exista una denuncia no implica que automáticamente se abre una carpeta de investigación, pasa a un proceso en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, expresó al aclarar que del total de denuncias, no son tres, sino 26 carpetas que tienen que ver con el ámbito del proceso electoral.
“Porque las otras (denuncias), tienen que ver con personas que obtuvieron una credencial de elector con documentos falsos o se cambiaron de domicilio de manera irregular”, abundó luego de la firma del Programa de Trabajo entre esta institución y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
Díaz-Santana Castaños afirmó que muchas veces las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “no son automáticas”, recomendando solicitar las cifras reales directamente a la Fepade.
“La Fepade cada mes emite ante el Instituto Nacional Electoral (INE), un informe pormenorizado de todas las denuncias que se reciben, las carpetas que de abren, los procesos de judicialización y es ahí donde para nosotros es prácticamente oficial”, reiteró.
El fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR), refirió que en materia de delitos electorales y de acuerdo a la Ley General en la materia, existen 200 conductas típicas de ilícitos.
Aunque refirió una vez más que las conductas que más se denuncian son la compra y coacción del voto, condicionamiento de programas sociales y utilización de recursos públicos para favorecer a un partido o candidato.
“Las conductas las hemos trabajado de manera intensa tanto en el ámbito de prevención como en el tema de atención, estamos trabajando para que el proceso sea mucho más ágil, y estamos trabajando en ello”, expuso.
Sobre la demora en la aplicación de justicia cuando se denuncian ilícitos electorales, el funcionario federal expresó que están buscando aprovechar el esquema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que prevé vías alternas para poder hacer los juicios más rápidos.
Puso como ejemplo el tema de las firmas falsas para apoyar a candidatos independiente y partidos políticos, que el INE denunció en enero y que hace dos semanas, según él, un dictó sentencia al respecto, “es decir se pudo concluir en menos de tres meses”.
