La diputada local, Guadalupe Osorno Maldonado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Víctimas para el Estado, a fin de que se brinde atención a hijos huérfanos por feminicidio.
En tribuna, la integrante del Grupo Legislativo de MORENA en el Congreso veracruzano, dijo que es urgente atender a estos menores que perdieron a sus madres producto de la violencia de género o que se encuentran desaparecidas al sufrir de este delito.
Según ella, no sólo deben hacerse programas de atención momentánea, que brinden cuidados asistenciales y psicológicos en la primera etapa de la pérdida, sino asegurar por medio de la ley que dicha atención dure también durante la infancia y adolescencia de las y los menores.
“La pérdida del sustento familiar y del soporte emocional que en casi todos los casos representan las madres desestabiliza su futuro, al quedar al cuidado de sus abuelas y abuelos, sin las condiciones para continuar su educación o su salud, por ejemplo”, afirmó.
Osorno Maldonado destacó que es peor aún en aquellas ocasiones en que el feminicidio va acompañado por el terrible proceso de afrontar que el padre actúa como el asesino en un gran porcentaje.
“El Estado debe entonces asegurarse de que esa niña o niño, víctima indirecta de la impunidad y la negación de afrontar el problema de la violencia de género de manera completa, pueda tener acceso a las condiciones básicas que garanticen sus derechos a la salud, a la educación y al sano desarrollo”, reiteró.
La parlamentaria morenista lamentó que no exista una estadística oficial que refleje la realidad en el país sobre la cantidad de niñas y niños que viven en orfandad como resultado de un feminicidio, o en abandono de la madre por desaparición forzada o cometida por particulares.
Aunque precisó que diversas organizaciones y familiares de víctimas han reportado en el año 2017, luego de solicitudes de información, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en funciones desde octubre de 2015, tiene registrado sólo un caso de orfandad por feminicidio.
Mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de operación (de 2014 a febrero de 2017), 65 casos de orfandad por este delito.
Además dijo que según los registros de la CEAV, entre 2015 y el primer semestre de 2017, se atendieron jurídicamente a siete menores (de edades 9 – 17 años), hijos e hijas de víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición.
En ese mismo periodo, había 71 procesos iniciados por feminicidio y 157 por homicidio en el Poder Judicial. Además, fueron asesorados psicológicamente diez menores y jurídicamente cuatro en el mismo lapso, pero no fueron ingresados al Registro Estatal de Víctimas, por lo que no pueden ser reconocidos oficialmente en las cifras.
