Los estudiantes de nivel superior, debidamente acreditados, con identificación vigente y expedida por institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que utilicen los servicios de transporte público en su modalidad urbano, viajarían sin costo alguno, planteó el diputado local independiente, Sergio Rodríguez Cortés.
Para ello, el legislador de extracción perredista propuso reformar el párrafo primero del artículo 139 y el párrafo segundo del artículo 144 y adicionar un párrafo segundo al artículo 143, todos de la Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de Veracruz.
Según él, el dar el servicio gratuito del trasporte a los estudiantes del nivel superior, es un instrumento de apoyo efectivo a la educación en nuestro estado y acotó que una acción de esta índole significará una verdadera política pública de apoyo a la educación.
“Y por consecuencia, contribuirá a la formación de profesionales que se incorporarán a la vida económica del estado”, destacó en sus palabras al tiempo que enumeró que en México existen aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes representan 25.7% de la población total.
“No permitamos que estos jóvenes trunquen sus estudios, entre otras cosas, por la falta de un estímulo como la gratuidad del transporte durante su etapa de formación profesional”, abundó.
En su intervención en tribuna, afirmó que aunque pueda parecer irreal, es un hecho que no poder pagar un pasaje constituye uno de los elementos fundamentales en la elevada deserción de estudiantes universitarios, no sólo en el estado sino en el país.
Y es que aseveró que un joven que cursa una carrera en el estado, gasta mínimo unos mil 800 pesos mensuales, en carreras del área de ciencias, tomando en cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales, cuya movilidad triplica el gasto en este rubro.
“Recordemos que el Gobierno del Estado es el obligado a prestar el servicio público de transporte, pero ante la imposibilidad técnica y económica de otorgarlo, es necesario concesionarlo a particulares, los cuales se han convertido de facto en los rectores de este servicio, muchas veces en complicidad con ciertas autoridades”, cuestionó.
Como servicio concesionado, refrendó, el estado debe recibir una contraprestación del concesionario por explotar un servicio público. “Si nos atenemos a significar como verdadera contraprestación, sería que la autoridad reciba un beneficio por otorgar dicha concesión, y qué mejor que cobrar una tarifa diferenciada a los estudiantes en todo el trasporte”, reiteró.
