En México todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales suscritos por México. Los Derechos Humanos son propios de la naturaleza del hombre. El Estado solo los reconoce en la Carta Magna.
El ombudsman tiene raíces históricas en la Justicia de Aragón a finales del siglo XII e inicios del siglo XIII, fue conocido entonces como el Defensor del Pueblo, y adquiere grado constitucional en Suecia en en su Ley Fundamental en el año 1809, y su propósito es combatir abusos de políticos prepotentes, arbitrarios, abusivos del poder, que siempre han existido.
Defender por causas justas a los ciudadanos, además de ser una obligación solidaria con nuestros congéneres, se ha convertido en los tiempos actuales en un deber de los luchadores sociales y de los profesionales del Derecho, como figuras importantes que abogan por la justicia que comprende a todos los Derechos Fundamentales del ser humano, para poder desarrollar sus capacidades y su personalidad, en función del bien común.
La limitación para aplicar sanciones y restituir a los quejosos en el goce de los Derechos Humanos, por no poder imponer en forma coactiva la determinación justiciera de los organismos defensores internacionales y nacionales de los Derechos Humanos, constituye un reto a vencer, para legitimar la decisión “para-Judicial” a fin de reivindicar a la parte agraviada o víctima, que no ha recibido ni se le ha Procurado Justicia, ante el silencio de uno de los más importantes Poderes de cualquier Estado, que es el Poder Judicial.
Solo para dar una idea del trabajo que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las peticiones de “Justicia denegada” que los mexicanos han planteado ante ese Organismo internacional” , en los últimos dos sexenios, de Felipe Calderón y Peña Nieto, suman 5,456 demandas individuales y de grupos, que significan que ese mismo número de agraviados, no fueron escuchados o quedaron inconformes con los fallos de la Justicia mexicana y de la intervención de la CNDH, por lo que esos quejosos tuvieron la necesidad de acudir a la instancia internacional en mención.
Uno de los casos que sigue pendiente de resolución no aceptada por el gobierno mexicano y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero, se convertirá en una piedra en el zapato del el próximo presidente de México.
