Tras 27 años de la explosión en la fábrica Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), la cual causó graves afectaciones ambientales en el municipio de Córdoba, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó al propietario del predio con un millón 700 mil pesos, sin embargo esto no basta para remediar todo el daño que ocasionó, pues hasta la fecha los habitantes continúan padeciendo afectaciones graves a su salud, señaló la presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa AC, Rosalinda Huerta Rivadeneyra.
A esta multa se suman ocho medidas correctivas para la remediación del sitio contaminado, de conformidad con la Resolución Administrativa notificada el 13 de febrero pasado. “Sabemos de la multa pero ni siquiera yo tengo acceso de las recomendaciones. Me parece extraño el comportamiento de la autoridad, de alguna manera celebramos el que se reconozca que la empresa ha violado la norma, pero es insuficiente ese dinero, pues no resuelve nada. Lo que se necesita es atender o generar acciones concretas y atender a la población que todavía está enferma, pues son miles, por enfermas de cáncer y malformaciones congénitas entre otras asociadas a las dioxinas; es extraño que estén emitiendo todo eso al margen de quienes lo hemos promovido”.
Explicó que al menos la organización lleva contabilizados al menos mil 500 casos de cáncer en tejidos blandos, entre los que se incluyen testículos, mama, cuello, riñón y cerebro, además de enfermedades como diabetes, problemas renales y del corazón, todos producto de la explosión ocurrida el 3 de mayo de 1991, la cual habría derramado, incendiado y explotado al menos 38 mil litros de sustancias altamente tóxicas, como ácido 24-D, pentaclorofenol, paraquat, paratión metílico y malation, afectando hasta este día a al menos 18 colonias densamente pobladas del municipio de Córdoba, debido a la producción de dioxinas y furanos, sustancias químicas tóxicas persistentes y bioacumulables que se encuentran en el aire, el agua y el suelo.
Ante esta situación, exigió que Profepa escuche a sociedad organizada, al ser corresponsable del abandono de ese predio, “no únicamente la empresa es responsable, sino la autoridad que ha sido cómplice por 27 años que ha afectado a los arroyos que están contaminados. Más allá de cuestiones monetarias y de multas, lo que se requiere es una remediación ambiental, pero no espaldas de la población organizada ni con actores que ellos elijan para interlocutores; necesitamos la asesoría de expertos internacionales para hacer cualquier acción de remediación, si no esto va a ser un maquillaje”.
