Con la finalidad de establecer la obligación a las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, de asegurarse que las personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad y previsión social, así como de actividades de esparcimiento adecuado; el Pleno del Congreso local aprobó una reforma a la Ley de desarrollo integral de la juventud.
Con un total de 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso local, aprobó la reforma al artículo 7 de la Ley número 271 de desarrollo integral de la juventud para el estado de Veracruz.
La diputada local independiente, Miriam Judith González Sheridan, manifestó que lamentablemente las personas con discapacidad forman parte de uno de los grupos sociales que mayores dificultades encuentran para poder realizar un proyecto de vida satisfactorio, ya que por lo general no disponen de las condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos que les corresponden.
“A pesar de contar con enunciados constitucionales y de tratados internacionales suscritos por México en atención a la prohibición de la discriminación y reconocimientos de derechos humanos, es evidente que aún faltan muchos retos por parte del Estado para cumplir con las metas requeridas”, aseveró.
La congresista local, consideró que es necesario dar a conocer que Veracruz es uno de los estados de la República con mayor porcentaje de personas con discapacidad en su población.
Detalló que con base en el último estudio en la materia, realizado por el INEGI en 2014, se calculó que en el estado de Veracruz residían alrededor de 700 mil personas con algún tipo de discapacidad, siendo el 7% aproximadamente parte de la población joven, es decir, entre los 18 y 29 años de edad.
De esta manera, González Sheridan, enfatizó que en materia de educación, el sistema educativo nacional no cuenta con la capacidad ni la infraestructura suficiente para acoger a niños y jóvenes con discapacidad; en materia laboral, persisten serias restricciones para que las personas discapacitadas puedan conseguir un trabajo digno; y, en el rubro de salud, cerca del 20% de la población perteneciente a este grupo carece de servicios de salubridad.
