Para el ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, las propuestas del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, están marcadas por ocurrencias e improvisación, por lo que éstas deben ser tomadas con cautela.
En su artículo de opinión “Pacificación nacional: entre la prisa y la ocurrencia”, publicado en ElUniversal.com.mx, añade que los anuncios de una política de pacificación nacional hechos por integrantes del nuevo gobierno han sido recibidos con suspicacia.
Según él, estos “comienzan a ser exhibidos en la comentocracia como un caótico desfile de buenas intenciones y ‘una receta a la mexicana’ en la que abundan la improvisación, las ocurrencias y las contradicciones, en lugar del rigor conceptual y la claridad en asuntos de indudable y profunda trascendencia nacional”.
Morales Lechuga acota que es probable que haya ausencia de experiencia política del equipo de AMLO para comunicar mejor esas propuestas, pero dichos “errores de comunicación” son consecuencia de la confusión e inconsistencia conceptual con la que se superponen, confunden y manejan los fines y los medios de lo que hasta ahora proponen.
“Una justicia transicional integrada por leyes de amnistía, comisiones de la verdad y hasta la mediación del propio Estado para sentar a la mesa a grupos criminales no debe sustituir a la justicia formal. Debe recibir tratamiento de política pública y ajustarse al conocimiento de principios y prácticas exitosas. Nada puede sustituir un delicado proceso de planeación y ejecución de los componentes”, expone en su artículo.
En el texto manifiesta que la primera obligación de un Estado democrático es proporcionar seguridad pública y justicia a la sociedad y cuestiona el hecho de que México tenga en esta materia “una hiperconcentración de corporaciones policiacas disfuncionales, que acumulan ineptitud, corrupción y preocupante complicidad con el narcotráfico”.
Al decir que no parece que esté debidamente integrado el diagnóstico de este grave fenómeno, adiciona que la participación de las fuerzas armadas sin una estructura constitucional y legal que promueva la coordinación, organización, y control de los espacios con los tres niveles de gobierno agrega un poderoso elemento de incerteza que a nadie conviene, salvo al empeoramiento del cuadro descrito.
“Aunque la seguridad y la justicia son un binomio inseparable que arranca de la propia Constitución, la delincuencia opera con gran impunidad en todas las grandes ciudades y controla vastas regiones y pequeñas poblaciones”, abunda.
Insiste que enfrentar la violencia de la delincuencia y del narcotráfico mediante un proceso por la paz y la reconciliación, como AMLO propone, exige de entrada revisión de la historia, profundo apego al Derecho, conocimiento de los límites de otras experiencias nacionales de pacificación, comprensión de la administración pública, de la organización y funcionamiento de las instituciones y corporaciones de seguridad, sagacidad, capacidad legislativa, comunicación suficiente y una ingente mesura y cuidado para construir propuestas consistentes, sin tropezar con las ocurrencias y la improvisación.
En el tema de la Guardia Nacional, considera que se ha hablado de una manera confusa, producto de una mescolanza de fuerzas armadas y policías.
“Las leyes de seguridad pública, de seguridad interior, de seguridad nacional, no se orientan plenamente a la seguridad ciudadana y a los derechos humanos. Focalizan otros ámbitos de la seguridad, como la integridad del Estado y sus instituciones, pero dejan al ciudadano en un muy lejano segundo plano, a veces por completo olvidado. Ese error debería enmendarse”, recomienda.
La comisión de la verdad propuesta por el próximo titular del Ejecutivo mexicano, de acuerdo con sus palabras, viene a complementar a la justicia penal, pero requieren un andamiaje muy cuidadoso que debe ser dejado en manos expertas.
“Según voceros de AMLO, en dichas comisiones estarán incluidas, las iglesias, (una vez más), y las organizaciones de derechos humanos. Estas comisiones tendrán que estar muy sólidamente conformadas y soportadas legal y financieramente o su fracaso estará asegurado”, augura.
Luego de preguntarse: ¿Cómo se va a proceder cuando en México deberá investigarse la suerte de más de 150 mil desaparecidos?, sostiene que al parecer, el equipo de AMLO no ha reparado en que todas las leyes de amnistía emitidas en procesos similares al mexicano (que tiene rasgos singulares porque buena parte de las desapariciones son atribuibles a la delincuencia organizada) han sido oficialmente calificadas como vulneratorias de los derechos humanos por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Algunos especialistas, las han llamado incluso ‘leyes de impunidad’, pues son rechazadas por las víctimas y sus familiares, quienes reclaman justicia y no olvido”, precisa.
Finalmente remata su análisis diciendo que, “la pacificación nacional exige estudio, cautela, claridad jurídica y propositiva, pero no debe ser tema interminable. Esforzarse en cumplir con los mandatos constitucionales antes de declararse derrotados al optar por otras fórmulas que no aseguran la paz social, podría ser un mejor comienzo”.
“A la sociedad no le conviene despertar con un nuevo fracaso en seguridad, justicia y derechos humanos, ni que lamentablemente se haga realidad la dantesca cita: ‘El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, indica Ignacio Morales Lechuga.
