El consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), Juan Manuel Vázquez Barajas, explicó que para que una posible reducción en las prerrogativas a los partidos en 2019 surta efectos, los cambios constitucionales deben hacerse antes del 31 de diciembre de este año.
“Habría que considerar que una reforma constitucional nacional o local tendría que tener una temporalidad de aplicación y una vez que ha iniciado el ejercicio fiscal no es posible disminuir los derechos políticos a ninguna persona, entre ellos los de los partidos políticos”, manifestó en entrevista.
Cabe recordar que el gabinete de transición del próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscará disminuir el financiamiento a los partidos políticos, así como los recursos a los OPLEs y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Vázquez Barajas comentó que el ente comicial deberá aprobar a mediados de septiembre el anteproyecto de presupuesto que contiene la proyección de los recursos públicos que corresponderían a los institutos políticos en el siguiente ejercicio fiscal, mismos que podrían rondan los 300 millones de pesos.
“La ley es precisa y dice que el cálculo (de las prerrogativas) debe hacerse con corte del padrón electoral del 31 de julio del año anterior, esto lo multiplicaremos por el 65 % de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y nos da una cifra superior a los 300 mdp como bolsa del gasto ordinario de los partidos”, abundó.
Agregó que el OPLEV deberá enviar en esos término el paquete económico al titular del Poder Ejecutivo y esperar que la reforma electoral sea aprobada antes del mes de diciembre, para que fuera viable.
“Para que aplicara en el año 2019, tendría que estar firme la reforma constitucional a diciembre de 2018, si ello no ocurre y si la reforma es durante el ejercicio fiscal 2019, desde mi opinión de ciudadano y experto en Derecho, no podría aplicar durante ese ejercicio fiscal”, reiteró.
El integrante del Consejo General del OPLEV consideró que una opción que tendrían los partidos, en todo caso, sería devolver el financiamiento público aprobado, en un esquema similar al anunciado el año pasado y tras los sismos que sacudieron a la Ciudad de México y Oaxaca, y que dejaron cientos de damnificados.
“El gasto de las prerrogativas no ejercidas deben ser devueltas a los órganos electorales y no habría sanción o infracción alguna por hacerlo. Es una posibilidad en la vía fáctica, pero como autoridades electorales tenemos que aplicar la fórmula del financiamiento (establecida actualmente”, refrendó finalmente.
