Desde la emisión de los decretos presidenciales que eliminan las vedas de cien ríos del país y permiten la concesión del agua de los mismos a particulares, en Veracruz se han promovido al menos cuatro amparos para impedir que se exploten igual número de afluentes en la entidad.
Así lo dio a conocer Ximena Ramos, del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), quien agregó que los mismos fueron solicitados por pobladores de La Antigua, Actopan y del sur del estado.
“Aquí en Veracruz tengo conocimiento de que son cuatro. (Obtener) el amparo es largo, hasta ahorita no tengo conocimiento que de haya otorgado alguna suspensión, tal vez se podría ver en dos meses, si se apuran los juzgados y tribunales en resolver”, precisó.
La abogada dijo que en caso contrario se podría tener una respuesta hasta en un año, sin que ello signifique la resolución definitiva, pues la misma llevaría mucho más tiempo y añadió que en todo el país suman mínimo 30 solicitudes en contra de las decisiones del Gobierno de la República.
“Sí es posible que los amparos se concedan, creo que las comunidades tienen razón porque el proceso para hacer estos decretos se llevó sin hacer una consulta a todos los ciudadanos y habitantes. Los estudios técnicos que se emitieron son de mucho tiempo atrás, de 2011 y 2012. Entonces las razones jurídicas están”, aseguró.
Indicó que los amparos se promovieron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), argumentando el derecho al agua y a un ambiente sano que tienen los ciudadanos, pues estos impactan otros derechos.
“Hay muchos antecedentes de suspensiones. En Jalacingo llevamos un caso y las hidroeléctricas llevan suspendidas más de tres años. En la Sierra Norte de Puebla las concesiones llevan también más de tres años. Los jueces tienen derecho a suspender cuando se vean violaciones directas a la Constitución y sobre todo que pudieran ser irreparables”, destacó.
Adicionó que se podrían revocar las concesiones otorgadas hasta ahora, si el Gobierno Federal decide echar marcha atrás a los decretos o si por la vía judicial, los juzgadores deciden dejarlos sin efecto. “Si ese decreto se queda sin efecto, esas concesiones se quedan sin efecto”, puntualizó.
Finalmente dijo que con un amparo que se resuelva en sentido positivo, es suficiente para frenar el otorgamiento de concesiones para explotar los recursos hídricos del país, aunque explicó que dependerá del alcance que tenga la resolución del juez, es decir, si lo emite para proteger algún río en particular o si lo hace en general para todos los afluentes que quedaron fuera de la veda.
