El hecho de que el marco jurídico anticorrupción que se está aplicando en los juicios que se siguen en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y otros ex funcionarios de su administración, no es el que se puso en práctica desde el 2016, podría dar pie a que las sanciones que se les impongan no sean ejemplares, sino más bien simbólicas.
Así lo consideró Liliana Veloz Márquez, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, al agregar que lo ideal sería que ello no ocurriera porque no impediría que casos como los ocurridos en la entidad con las denominadas empresas “fantasma”, dejen de ocurrir.
“Podría suceder, habría qué ver porque ahorita hay cuestiones que están paralizadas, casos que están revisándose, en investigación, viendo cómo están armándose los expedientes”, dijo.
En la conferencia de prensa previa a la presentación del documento preliminar elaborado por la Red que integra y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), denominado “Hacía una Política Nacional Anticorrupción. Bases para una Discusión Pública», aseveró que falta mucha formación de capacidades entre los funcionarios responsables de sancionar conductas indebidas.
“Ahora los nuevos órganos de control que van a tener esa función de armar los expedientes y de definir por qué vía se atiende un caso de corrupción, si es falta grave, si se atiende por la vía penal o por la administrativa, requiere de un proceso de formación y de capacitación muy amplío con el que todavía no se cuenta”, lamentó.
Veloz Márquez añadió que la ciudadanía esperaría que los caso emblemáticos de corrupción como el de Veracruz, se atendieran con la nueva tipología de delitos, pero todavía no aplica.
“Y por eso no se ven las consecuencias que uno estaría esperando, sino que se está con esta sola visión de acusar a una sola persona y no de mapear a la red completa de corrupción, que es lo que realmente ayudaría a desmantelar este tipo de prácticas y que no vuelvan a suceder”, mencionó.
