La consultora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anaís Palacios Pérez, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) debe actuar de forma inmediata en contra del ex gobernador Javier Duarte, respecto de los casos de desaparición forzada que se dieron en su administración.
La activista indicó que lo más inmediato y tangible que se tiene es la prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo, que se le aplicó a algunos de sus ex colaboradores, lo que representa una certeza de que se podría actuar en este tipo de casos.
Aunque expresó que pudiera ser a propósito que la máxima instancia ministerial del país no haya solicitado al Gobierno de Guatemala, donde fue detenido en 2017, ampliar la extradición que le concedió a Duarte e incluir estos ilícitos de lesa humanidad.
“Eso de a propósito me parece algo conocido por todos, nosotros empezamos en 2011 con el primer Colectivo, con los posicionamientos y desde entonces muchas cosas las hemos sentido a propósito, no sería extraño”, comentó Palacios Pérez.
Previo al al conversatorio “Los Derechos Humanos de las personas mayores y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, agregó que no se sabe qué acuerdos pesen sobre las sentencias que se está dando a los políticos.
“Aquí en Veracruz sabemos que hay personas privadas de la libertad preventivamente para evitar que se eluda un proceso, pero están en etapa de integrar, de pruebas”, expresó.
Indicó que la PGR actuó conforme a la información generada respecto a los delitos que se le perseguían al ex mandatario estatal; sin embargo, se tiene pendiente el posible delito de desaparición forzada por el que se le ha señalado.
“Creo que las autoridades hacen hasta donde tienen información, no es como exculpar absolutamente a nadie, sino que la capacidad de demostrar los hechos delictivos ha sido muy acotada. Pesa una situación política en estos casos, pero espero que no sea el único delito por el que se le esté juzgando, hay muchos otros”, dijo.
Adicionó que la Procuraduría General de la República o en su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), tendrán que probar que el ex mandatario incurrió en otros delitos como la desaparición forzada, pues opinó que la sentencia de nueve años de cárcel y una multa de 58 mil pesos, emitida ayer, pareciera que no satisface y por el contrario está siendo duramente criticada.
Sobre el exhorto que emitió el Congreso de la Unión para pedir que la Corte Penal Internacional (CPI), se pronuncie y juzgue los crímenes de desaparición forzada en su gobierno, la activista expresó que se debe seguir un procedimiento para evitar que la demanda sea desechada como ya ocurrió en 2017.
“Hay que medir muy bien porque ante los colectivos quedan bien, tienen intención de investigar los hechos, pero la posibilidad real, legal, cuando en México todavía no se agotan los procedimientos internos para juzgar a Javier Duarte, yo lo veo un poco complicado (que La Haya atienda la petición)”, comentó.
Finalmente cuestionó que muchos gobiernos electos y otros en funciones tienen un “desconocimiento total” de la situación, y aunque los foros de escucha y pacificación, tienen una intención noble en un inicio, en la práctica no miden el alcance, impacto y la realidad de los hechos.
