Al ser cuestionada sobre los contratos otorgados a constructoras y familiares del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón, y reiterar que no hubo alguna irregularidad en este proceso; la titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Yolanda Baizabal Silva, afirmó que los requisitos para acceder a las contrataciones fueron “estrechados” desde 2017, para evitar favoritismos o beneficiar a denominadas empresas “fantasma”.
“Desde el 2017, la SIOP estrechó aún más la reglamentación que tiene para que una empresa pueda ser registrada en ese padrón (de contratista), se revisan ahora los domicilios, se piden más requisitos para poder tener un registro vigente”, explicó.
En su palabras, en respuesta a las diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas y del PAN, Judith Pineda Andrade, dijo que las empresas de Mancha Alarcón cumplieron estos recaudos, al tiempo que no hubo oposición de los demás que participaron en la licitación pública, a que se le diera los contratos de obras a éstas.
“Contaba con esa documentación, es decir, comprobó el pago de impuestos, todo el aspecto técnico de una empresa”, precisó Baizabal Silva en su comparecencia ante los diputados del Congreso del Estado.
Adicionalmente, expuso que tras la revisión que hicieron las instancias auditoras locales y federales a dichos contratos, no se consideró alguna irregularidad en vista de que los proyectos entregados para su construcción, están concluidos en su totalidad.
“Se concluyó que tanto la contratación como la ejecución de obra se realizó de una manera correcta y adecuada”, refrendó al recordar que internamente, al Contraloría de la SIOP revisó el proceso.
La funcionaria consideró que para evitar cuestionamientos como la presunta irregularidad que se dio en el otorgamiento de los contratos a José de Jesús Mancha y familiares, sería conveniente hacer algunas afectaciones a las leyes.
“Creo que se tiene que analizar un reforzamiento en las leyes de las contrataciones (…) los diputados estarían en posibilidades de analizar la reglamentación de la obra pública estatal y federal y aplicar alguna candado para evitar cualquier sospecha de alguna contratación que legalmente sí cabe, pero que a lo mejor pueda tener otras consideraciones”, expresó.
