Un tribunal colegiado otorgó un amparo al ex Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, contra la prisión preventiva oficiosa que le dictó una juez de control por entorpecer una investigación y apoyar la evasión de la justicia de responsables de desaparición de personas.
Esta noche, los abogados de Bravo Contreras, Fiscal General en el sexenio del ex Gobernador Javier Duarte, darán a conocer la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo, con residencia en Ciudad de México, en la que se establece una serie de transgresiones en el caso del detenido y violación a sus derechos humanos.
El amparo señala dos violaciones al proceso de Bravo.
La primera es que al momento de su detención, el 17 de junio de 2018 en la capital del País, se encontraba bajo una suspensión provisional otorgada en el proceso constitucional de amparo, por lo que no podía ser aprehendido.
La otra es que la juez de control Alma Sosa no estaba en condiciones para fijar la prisión preventiva a Bravo, dado que el juzgado de amparo no emitió un pronunciamiento para que dejara de surtir efecto la suspensión concedida al imputado.
Los abogados de Bravo informarán sobre la resolución en conferencia de prensa en Xalapa y, con ello, esperan que en las próximas horas el ex Fiscal General deje la prisión de Pacho Viejo.
La Fiscalía General, encabezada actualmente por Jorge Winckler, afirmó que cuenta con «pruebas contundentes» contra el ex funcionario.
Indicó que Bravo ordenó, en enero 2016, a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de 19 cuerpos localizados en la barranca La Aurora, en el Municipio de Emiliano Zapata.
Según testigos, abundó la Fiscalía, ese lugar era utilizado para «arrojar» a víctimas de desaparición presuntamente a manos de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Recordó que fueron encontrados en la barranca los restos de esas 19 personas, sin embargo, el entonces Fiscal habría dado la instrucción de reportar el hallazgo de sólo 6 cuerpos.
La Fiscalía detalló que uno de los cadáveres ocultados fue llevado a la localidad de Santa Ana, Municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado.
Una de las víctimas fue un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien el día 12 de enero de 2016 habría sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación.
