Por segunda ocasión, la Sexagésima Quinta Legislatura obvió el trámite legislativo y reformó la Constitución Política local para establecer en la fracción XLIV de su artículo 33, la facultad que tiene el Congreso del Estado para designar y remover al Fiscal General del Estado.
Los cambios de la Carta Magna veracruzana fueron avalados con 39 votos, de las bancadas de Morena y sus aliados PRD-MC, PRI y “del Lado Correcto de la Historia” y rechazados por la fracción de Acción Nacional, con excepción de María Graciela Hernández Íñiguez y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.
El dictamen avalado por el pleno parlamentario será turnado a los ayuntamientos para que sus respectivos cabildos sesionen y lo aprueben o rechacen, requiriéndose que más de la mitad (113 comunas), den su visto bueno.
Al fijar posicionamiento en nombre de los diputados del blanquiazul, María Josefina Gamboa Torales criticó nuevamente que este dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, no lo circuló con las 48 horas de antelación previas a la plenaria de hoy.
Afirmó que el incorporar este apartado en la Constitución local es con la clara intención política de seguir persiguiendo a quienes han metido a la cárcel a los ex colaboradores del Javier Duarte de Ochoa, responsables del desfalco financiero de la entidad y de otros delitos en contra de la sociedad del estado.
Por su parte, la diputada morenista, Mónica Robles Barajas, presidenta de la referida comisión, defendió el dictamen diciendo que era importante precisar en el artículo 33 de la Constitución, la facultad del Legislativo de nombrar y remover al titular de la FGE.
Apuntó que este cambio deriva de la reforma constitucional que aprobó la pasada legislatura al artículo 67, y se busca con ello que se mantenga la integralidad y armonización del texto fundamental.
En la discusión de este punto de la orden del día, tanto morenistas como panistas subieron a la tribuna para defender y rechazar las modificaciones a la Carta Magna, insistiendo por un lado en la necesidad de armonizar las facultades legislativas en su redacción y por el otro, reiterando que se trata de un “revanchismo político” para retirar de su encargo a quien a buscado justicia para Veracruz.
