El auditor Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portillo Vázquez, dijo que estarán a la espera de lo que decida la actual Comisión Permanente de Vigilancia y en su momento el pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, respecto de los entes fiscalizables a los que los diputados del Congreso anterior supuestamente “limpiaron” las observaciones de presunto daño patrimonial que previamente les había hecho el órgano a su cargo.
En entrevista posterior a la Conferencia “Contribución del Orfis en el Combate a la Corrupción”, añadió que instruyó al área jurídica a aguardar las acciones respecto de estos casos y que se prosiga con las investigaciones sobre los que sí fueron señalados de faltas graves en el decreto por el que se aprobó el informe general de resultados de la Cuenta Pública 2017.
“Es un tema que le compete al Congreso del Estado y lo que el el auditor determinó fue que los sujetos obligados que están ahorita sujetos a un análisis por parte de la Contraloría Interna del Congreso, quien es la que tiene ahorita la resolución, esperemos que van a determinar y mientras trabajaremos con todos los entes fiscalizables que son sujetos a una determinación que fue la que determinó el Congreso (anterior)”, especificó.
Al ser cuestionado nuevamente sobre si la actual legislatura tiene facultades para revocar la aprobación de la Cuenta Pública 2017 en la que los diputados de la pasada recibieron documentación para la solventación de observaciones, lo cual podría constituir una irregularidad, Portilla Vázquez reiteró que eso dependerá de los nuevos diputados.
Asimismo, añadió que será después de enero cuando se puedan presentar las denuncias en contra de los servidores y ex servidores públicos que resultaron con presunto daño patrimonial o faltas graves en las cuentas públicas de 2017, entre los que se encuentran más de 40 municipios, así como dependencias estatales y organismos autónomos.
Ahondó que actualmente los señalados aportan pruebas para solventar el presunto daño patrimonial y faltas graves, por lo que los órganos de control interno deberán informar qué acciones tomarán tras aportar las pruebas.
El titular del Orfis expuso que éstas ya fueron entregadas a los órganos internos de control de los poderes públicos, organismos autónomos y municipios y están en proceso de investigación.
“En el caso de las observaciones del presunto daño patrimonial o de faltas graves están en un proceso de investigación, están aportando pruebas y las estamos analizando”, precisó.
Por lo que a partir de los resultados, dijo, se determinará si la denuncia se hará ante el Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Actualmente acuden los servidores públicos que tuvieron a su cargo el manejo de los recursos en 2017 para aportar las pruebas que nosotros analizamos”, precisó en sus palabras.
