En la historia del narcotráfico mexicano ningún señor de las drogas se había atrevido a derribar un helicóptero del Ejército, hasta que en mayo de 2015 uno de los objetivos prioritarios, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dio la orden en Villa Purificación, Jalisco.
Lo que quedó ese 1 de mayo de 2015 del intento por detenerlo fueron restos de la aeronave con ocho militares y dos policías federales muertos, así como unos 30 camiones incendiados por los sicarios.
Con ese traspié empezó la Operación Jalisco de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que divide al país en doce regiones militares, incluyendo la quinta, a la que se encomendó neutralizar al CJNG y recuperar la paz. Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los tres “principales enemigos públicos” de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, junto a Rafael Caro Quintero (cártel de Guadalajara) e Ismael Zambada “El Mayo” (cártel de Sinaloa). Pero “El Mencho” se distinguió por el reto frontal que lanzó al gobierno federal.
A más de tres años de la operación, Oseguera Cervantes sigue libre, y la V Región Militar, al mando de otras agencias de seguridad, gastó más de 7 mil millones de pesos durante el periodo 2015-2018, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A eso hay que sumar que entre la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y la de Enrique Peña Nieto, las muertes de militares en acciones contra el narcotráfico en Jalisco aumentaron 666%, de acuerdo con la Sedena, lo que significa que repuntaron desde la operación.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Jiménez Reynoso, experto en seguridad nacional de la Universidad de Guadalajara, señala que la Operación Jalisco ha sido “un fracaso total, porque los grandes capos no solo han venido operando sino que siguen robusteciéndose”.
El establecimiento de una Comisión Bilateral el 15 de agosto pasado entre la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EU y la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir a “El Mencho”, dijo, es resultado de la ineficacia del gobierno peñista, por lo cual la tarea la hereda la nueva administración, que este mes interpuso la primera demanda en contra del CJNG por operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de su estrategia para golpear sus finanzas.
Los antecedentes del CJNG datan de 2011, cuando estaba al servicio del Cártel de Sinaloa para eliminar a sus enemigos. Cobró fama cuando sus hombres aparecieron en un video con armas largas, adjudicándose decenas de ejecuciones de presuntos integrantes de “Los Zetas” en Veracruz.
Para llegar ahí, Oseguera Cervantes, originario de Tierra Caliente, Michoacán, tuvo una larga carrera delictiva desde los noventa, de acuerdo con el Tesoro de EU. En 1994, fue sentenciado tres años por una corte de California por tráfico de heroína. Tras ser deportado a México, trabajó como policía en Jalisco y luego se unió al Cártel del Milenio, bajo órdenes del lugarteniente del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, “El Rey del Cristal”, abatido en 2010. Después de su muerte nació el CJNG.
Cuatro años más tarde, controló la producción de metanfetaminas y se enfrentó a la organización de Sinaloa. Según la DEA, tiene presencia en 14 estados de México, además de distribuir enervantes en EU, Canadá, Asia y Oceanía.
Para contrarrestarlo, la Sedena informó que lanzaría la Operación Jalisco, con el despliegue de “Bases de Operaciones Mixtas, Puestos de Seguridad Mixtos, Bases de Operaciones de Erradicación y Puestos de Vigilancia”. Un oficio obtenido vía la Ley de Transparencia, el radiograma C-159/2015-1176, indica que consistía en “recobrar las condiciones de seguridad y restablecer el estado de derecho y la paz en el estado de Jalisco”.
Centro de mando
Participarían la Policía Federal, la Secretaría de Marina (Semar), la PGR y el Centro de Investigación y Análisis (Cisen). Se formaría un centro de mando, a cargo del comandante de la V Región Militar, que se ubica en La Mojonera, municipio de Zapopan, y que es una de las que más recursos recibieron en el periodo 2015-2018, con el puesto cinco entre las 12 del país.
Según análisis del PEF, en 2012-2018, a partir de la operación se le entregaron 7 mil 659 millones de pesos (mdp), lo que equivale a 5 millones 246 mil pesos por día en promedio.
De esa cantidad ejercida, se destinaron por “servicios personales” unos 6 mil 783 mdp (sueldos, honorarios, prestaciones sociales y pago de estímulos), mientras que para “gastos de operaciones”, fueron 873 mdp (alimentación, combustible, mantenimiento, armas y municiones).
Aunque en el PEF se observan reducciones e incrementos, el gasto pasó de mil 726 mdp en 2013 a mil 980 mdp en 2018.
Este diario solicitó la información desglosada, pero no fue reportada por las dependencias involucradas, salvo la Semar, que ejerció por “alimentación” 4 mdp, así como 297 mil pesos en “combustible para vehículos terrestres” y en “vehículos marinos”, 330 mil pesos.
Un oficio obtenido por este diario detalla que entre 2015 y 2017 se detuvo a 194 personas en “flagrancia delictiva”. También se aprehendió a 20 objetivos de alto nivel en el sexenio de Peña Nieto, expone un registro hemerográfico y de boletines oficiales.
En 2015 se capturó a Víctor García “El Mono”, lugarteniente en Tlajomulco; Rubén Oseguera “El Menchito”, hijo del líder del CJNG; Javier Guerrero “El Javi”, de la región Altos y Ciénega; Giovanni Castro “El Duende”, de Valles; Daniel Quintero, de Guadalajara; Iván Cazarín “El Tanque”, segundo al mando, y Antonio Oseguera, hermano del líder y contador.
Les siguieron en 2016 Elvis González Valencia, cuñado de “El Mencho”; Gerardo González Valencia “El Cuini” y Sergio Schmidt Sandoval, operadores financieros. El último de ellos fue liberado en 2017 por fallas en el procedimiento judicial, pese a ser considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del momento.
Este año cayeron Jorge Luis Sierra “El Orejón”, compadre del líder; José Luis Gutiérrez “El Tolín”, operador en la zona costera; Adrián Gómez, principal contador; el colombiano Mauricio Varela “El Manotas”, lugarteniente en Puerto Vallarta; Emilio Pineda “El Sobrino”, vinculado al atentado contra un alto funcionario; Jesús “C”, jefe en Querétaro; Rosalinda González Valencia -esposa de Oseguera Cervantes- y sus hermanos Arnulfo y Ulises Jovani.
No obstante, “El Mencho” sigue prófugo y tampoco se recuperó la paz. En Jalisco se recrudecieron los homicidios dolosos, al pasar de mil 19 en 2015 a mil 153 en 2016, mil 369 en 2017 y mil 950 hasta octubre de 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último lustro han desaparecido 3,362 personas (9% del total nacional), señala la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
También 20 militares fueron asesinados en la pasada administración federal -12 desde la Operación Jalisco-, afirma la “Relación de personal fallecido en aplicación de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico”, hasta el 1 de octubre de 2018. En contraste, tres resultaron asesinados en el gobierno de Calderón Hinojosa. Las acciones de la Operación Jalisco dejaron de ser reportadas oficialmente, pero documentos obtenidos por este medio aseguran que se realizaron operativos en la franja costera de Puerto Vallarta, Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta y Chumatlán, así como en Guadalajara, El Salto, Ocotlán, San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Sayula, Autlán de Navarro y La Barca.
Nadie hacía nada
Jiménez Reynoso cuestiona: “¿Dónde estaban las policías municipales? ¿Dónde estaban los policías investigadores, la inteligencia? Nadie hacía nada en contra de este grupo desde hace muchos años”.
Concluye: “Los puestos claves de seguridad como la fiscalía general, las comisarías, han estado politizadas. Han venido a entorpecer la actividad, por lo tanto estos perfiles se convierten solamente en espectadores, cómplices de acción y omisión”.
El último atentado del CJNG contra un alto funcionario ocurrió el 22 de marzo de 2018 en la figura del ex fiscal Luis Carlos Nájera, quien renunció como secretario del Trabajo estatal debido a que, dijo, el cártel seguía planeando matarlo. Durante el ataque en Guadalajara al menos 16 personas quedaron heridas y un bebé murió. Después, se lanzaron operativos en los que resultó detenida la esposa de “El Mencho”.
Para el especialista, una evidencia del fracaso de la estrategia es que las últimas detenciones se adjudicaron a la Operación Escudo de Titán, lanzada al arrancar este año en las zonas más peligrosas. “Tuvieron que cambiarle de nombre al menos”, dice Jiménez Reynoso.
En este marco se creó la Comisión Bilateral México-EU, que subió la recompensa por “El Mencho”. De los dos millones de pesos que ofrecía el gobierno federal, llegó a 30 millones, la misma cifra que corresponde a “El Mayo” y Caro Quintero. En la DEA, pasó de cinco a 10 millones de dólares.
En Jalisco se han vivido capítulos de terror que dieron la vuelta al mundo: Los tres estudiantes de cine diluidos en ácido en abril de 2018; la desaparición de tres italianos en marzo y la aparición en septiembre de un tráiler refrigerado con 444 cadáveres sin identificar.
La única certeza es el aumento de los delitos de alto impacto, el oneroso gasto de recursos públicos y que continúa libre el objetivo número uno de los capos de la droga.
