La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por el incumplimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, en pagar indemnización a dos víctimas de disparos de arma de fuego.
Este 25 de diciembre, la Comisión emitió un comunicado, sobre la recomendación 70/2018 al Gobernador, por la “insuficiencia” en el cumplimiento de una recomendación por parte de la SSP por los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2014, atribuibles a elementos de dicha dependencia, que estarían a cargo del exsecretario, Arturo Bermúdez Zurita.
El Organismo consideró que no existe justificación alguna para que la mencionada Secretaría dé cumplimiento cabal al segundo punto de la recomendación 35/2015 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), que solicita pagar una indemnización justa y proporcional a las víctimas por daños y perjuicios causados.
Se trata de dos integrantes de una familia quienes indicaron que, luego de pasar a revisión en un puesto de alcoholímetro, ubicado sobre la avenida Maestros Veracruzanos, en Xalapa, escucharon fuertes explosiones y quien iba al volante aceleró el automóvil, percatándose que dos ocupantes habían sido lesionados por disparo de arma de fuego.
Más adelante fueron alcanzados por una patrulla de la policía preventiva, cuyos elementos, tras revisar el automóvil, se dieron cuenta que “los confundieron con delincuentes”.
Una de las víctimas fue detenida y trasladada al puesto de revisión del alcoholímetro, donde estuvo esposada boca abajo en la batea de una camioneta, siendo agredida en diversas ocasiones.
Al preguntar por las personas heridas, una de las cuales perdió la vida, un policía le solicitó excusar a los servidores públicos de la agresión sufrida, recibiendo además diversas amenazas.
Es así que la Comisión Estatal acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad e integridad física, a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, por lo que en la citada recomendación solicitó investigar los hechos, iniciar el procedimiento administrativo y disciplinario correspondiente y otorgar una indemnización a manera de compensación.
El monto ha sido rechazado por las víctimas en diversas ocasiones por considerarlo insuficiente, presentando por ello el recurso de impugnación ante la CNDH.
