La expectación que causó la orden presidencial para que el ejército y la marina entraran a las instalaciones petroleras ubicadas en 25 entidades de la República, fue rebasada por la realidad de la cadena de complicidades entre funcionarios y trabajadores de petróleos mexicanos, con la participación de inversionistas privados, acostumbrados a las grandes ganancias que deja, la compra y venta de lo robado.
Y si a lo anterior se le agrega la escandalosa participación de los llamados huachicoleros, en la sustracción ilegal de la gasolina; más la adquisición fraudulenta de los productos de PEMEX en refinerías y terminales de almacenamiento y reparto; más la suma del trasiego ilegal de gasolina y diésel por la vía marítima y finalmente con el agregado de las tomas clandestinas en ductos paralelos a los de PEMEX; entonces comprenderemos la magnitud del esfuerzo del Presidente López Obrador, para acabar con lo que podría ser el más grande Robo a la nación.
Los tambos de gasolina robada por huachicoleros al menudeo, constituyen una merma en la explotación del llamado oro negro; pero el robo mediante pipas a las 6 refinerías de PEMEX, donde se trafica duplicando, triplicando y multiplicando “N” número de veces las facturas falsas; éstas acciones ejecutadas con la complicidad de los más altos directivos de PEMEX, quienes durante años han venido contando con el apoyo y protección de los miembros del gabinete presidencial y concretamente de los titulares de la Secretaría de Energía, Minas e industria paraestatal, constituyen una Traición a la Patria.
Ante esa realidad que se ha puesto al descubierto con todos los detalles publicitados en medios de comunicación y en redes sociales, se hace necesario el respaldo público y definitivo de los mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus colaboradores que incluyen a la Secretaria de Gobernación, al encargado de la PGR, a los secretarios de la defensa nacional y la Marina y desde luego a la licenciada Rocío Nahle y demás funcionarios que participan en éste operativo magno, que sin el cambio de gobierno y de sistema político, jamás habría sido posible ejecutar.
Lo que sigue es la detención, y encarcelamiento de quienes resulten responsables del fraude a PEMEX, con la determinación del Presidente López Obrador, de resolver en forma definitiva éste penoso y gravoso asunto que quiebra la mayor riqueza de México, la explotación del petróleo.
