El gobierno estatal se negó a poner a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a los diez elementos de la Fuerza Civil acusados de supuestamente detener ilegalmente, robar, torturar y sembrar armas a los siete estadounidenses presuntamente, me la comunidad de Santa Rosa, del municipio de Actopan.
Así lo dio a conocer el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, al adelantar que ello podría generar sanciones a autoridades del Ejecutivo.
En la entrevista previa a la inauguración del Centro Integral de Justicia para las Mujeres de Xalapa, indicó que la respuesta de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, fue que ya no los tiene a su disposición.
“La respuesta fue que ellos ya no los tenían a su disposición, que habían sido suspendidos y que no los podían poner a disposición de la autoridad”, expresó ante los reporteros.
Ahondó que el oficio fue dirigido al mandatario veracruzano y al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, recibiendo la negativa en un primer momento y posteriormente una ampliación en la que detallaron los domicilios de los uniformados involucrados en el hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre.
“La salida que ellos tienen es que los elementos están suspendidos y que no los tienen a sus disposición, cuando anteriormente las cosas se hacían de otra manera”, apuntó al adicionar que la FGE buscará a los policías señalados por las supuestas víctimas.
El fiscal anticorrupción aseveró que pedirán a la SSP el expediente de su órgano de control interno para revisar bajo qué términos sancionaron o suspendieron a los elementos de la Fuerza Civil, añadiendo que de encontrarse omisiones es factible buscar sancionar a las autoridades estatales.
