Al comparecer ante los diputados del Congreso Local, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, dio a conocer que durante el 2018 se emitieron 61 recomendaciones a 19 autoridades, de las cuales 41 fueron por violaciones graves a los derechos de los ciudadanos, principalmente de los grupos más vulnerables.
Ahondó que los derechos que se vieron más afectados fueron los de la integridad personal, de la víctima o persona ofendida, a la libertad e integridad personal.
Matzumoto Benítez dijo que de las 76 quejas que resolvió la CEDH el año pasado, 15 fueron por conciliación y 61 por recomendación; sumando en total 10 mil 58 solicitudes de intervención, siendo 63 % relacionadas con orientaciones, 17.4 % a gestorías y 12.1 a quejas por la presunción de violaciones a los derechos humanos.
Destacó la recomendación 7/2018 emitida en contra de la FGE se dio por la omisión a investigar adecuadamente los casos de desapariciones forzadas, misma que se integró conjuntamente por 32 expedientes.
Entre las autoridades con mayor número de recomendaciones, enumeró, fueron la Fiscalía General del Estado (FGE), las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Salud (SS), de Educación de Veracruz (SEV) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan), así como diversos ayuntamientos de la entidad.
En el caso de la Sefiplan, la titular de la CEDH mencionó que de las nueve recomendaciones, siete no fueron aceptadas y dos están en proceso.
Acotó que en los 41 casos graves se vulneraron los derechos de niños, niñas y adolescentes; mujeres, indígenas, adultos mayores, comunidad LGBTI y migrantes.
Enumeró además que tres recomendaciones fueron emitidas por desapasiones forzadas de personas y ejecución extrajudicial; diez por omisiones en la investigación de personas desaparecidas y dos por discriminación.
En el caso de las cuatro recomendaciones que se generaron a partir de la apertura de igual número de quejas de oficio, correspondieron al uso ilegítimo de la fuerza pública por un elemento del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), dos por negligencia médica que derivó en la muerte de un bebé y mala praxis que provocó el fallecimiento de una mujer en labor de parto y la no investigación exhaustiva de un caso de presunta desaparición.
