Turnan a Comisiones Unidas solicitudes de juicio político contra gobernador, secretario de Gobierno y diputados

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales, las dos solicitudes de juicio político presentadas en contra del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez; del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgo, y varios diputados que integran la actual Legislatura Local.

Ello luego de que el secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno Salinas, leyera los dos oficios del secretario General del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, en los que daba cuenta de las denuncias interpuestas y la radicación de las mismas.

En los documentos se dio cuenta que el pasado 22 de enero, el ciudadano León Vladimir Hernández Ostos, ex abogado de Miguel Ángel Yunes Linares entre 2015 y 2016, promovió los juicios políticos en contra del titular de Ejecutivo, su segundo al mando y los parlamentarios de Morena.

Se abundó que además de las solicitudes, compuestas por 20 y 28 hojas signadas por el promovente, éste adjuntó además las dos denuncias que interpuso ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hernández Ostos, quien en la administración estatal pasada fue titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y pesca (Sedarpa), acusa a los servidores públicos de incurrir en faltas que afectan las intereses públicos fundamentales y su correcto despacho.

En concreto, sostiene que García Jiménez y Cisneros Burgos afectan el correcto despacho de la FGE, declarando en contra de su titular Jorge Winckler en torno a supuestas negociaciones con presuntos delincuentes para que queden en libertad y anunciando públicamente su próxima destitución del cargo.

En el caso de Cisneros Burgos acota que concretó un convenio con ayuntamientos para darles el 50 por ciento de ministraciones de recursos federales que el Estado está obligado a pagarles por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, recursos que fueron retenidos por el ex gobernador Javier Duarte en 2016, por el orden de los mil 478 millones de pesos, a 80 municipios.