Que en reciente reunión con periodistas, el coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Iván Luna, prometió a los colegas que al igual que en el gobierno de AMLO, acá en Veracruz también se aplicará la Ley federal en materia de asignación de publicidad. Pero esta ley será reformada en breve, porque la que entró en vigor este 1 de enero de 2019 la aprobaron casi al cierre del peñismo.
Al parecer, la Ley que pronto mandará AMLO a los legisladores será un marco legal de avanzada que incluirá además protección real y respaldo a los trabajadores de los medios de comunicación.
Pero además, en el gobierno de Cuitláhuac sí habrá convenios publicitarios pero sólo para unos cuantos (suponemos que los de mayor presencia y no sólo a los medios «aliados»), y las cantidades serán muy, pero muy inferiores a las contempladas en gobiernos anteriores.
Ya se verá si excluyen a los medios críticos, porque si se aplica la referida ley de manera selectiva y con criterios poco claros, los excluidos podrán enderezar juicios legales y de demostrar su «ranking» o «rating», esos afectados tendrán muchas probabilidades de ganar los litigios. Y no les va a quedar de otra en el gobierno, porque se verá muy obvio que les den cantidades estratosféricas a poco más de seis portales de noticias que en unas semanas van a lanzar con el sello totalmente Palacio y con comunicadores que servirán de algo así como de prestanombres. Obvio que la línea editorial de esos sitios web estará enfocada a ensalzar los «logros» del Gobernador y a atacar a los enemigos de la Cuarta Transformación. Mal se verán y mal la pasarán en los tribunales si la política de comunicación social al rato sea selectiva y excluyente.
