Diputados han usado juicio político de Winckler para resolver revanchas políticas, intereses de grupo y ambiciones personales: Reyes Peralta

El abogado Jorge Reyes Peralta, señaló que los diputados locales han usado el tema de los juicios políticos contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz «para resolver revanchas políticas, intereses de grupo y ambiciones personales», y no para exigir que el funcionario deje el cargo.

Dijo sentirse satisfecho debido a que el juicio político que él promovió está legalmente sustentado, pero reconoció estar inconforme por el hecho de que la reunión prevista para la reanudación de la sesión extraordinaria se haya aplazado de manera indefinida.

«Mi denuncia está legalmente sustentada, prueba de ello es que ha pasado por las aduanas de tres comisiones del Congreso del Estado, que son Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión Permanente Instructora, lo que me corresponde a mi, como jurista, ya se encuentra hecho».

Refirió que la sesión en la que se analizará el futuro del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya es competencia de los legisladores, pues él ya hizo su parte.

«Veo que en el poder legislativo se han olvidado del tema principal y lo es, que tenemos en Veracruz un fiscal General del Estado que no es autónomo y a todos nos consta de donde proviene su nombramiento».

Acusó que todos los legisladores han visto por sus intereses personales, en lugar de hacer válida la remoción del actual fiscal.

«Lo 50 diputados del Congreso del Estado de Veracruz, lejos de cumplir con los veracruzanos y con el voto de su electorado, han dejado de lado el reclamo social de que exista una verdadera procuración de justicia en Veracruz, y han usado este juicio político que promoví, para resolver revanchas políticas, intereses de grupo y ambiciones personales».

Manifestó que de no proceder el dictamen relacionado al tema de Winckler, los documentos se archivarán.

«Si no le dan los 34 votos al dictamen, se archivará como asunto totalmente concluido y no pasará la etapa que sigue al Tribunal Superior de Justicia el Estado».