La dinámica de las conferencias mañaneras, tiene en favor de la 4ª Transformación y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las ocho columnas todos los días en los periódicos nacionales y locales, así como en las principales noticias de radio y televisión; pero sobre todo y parafraseando a AMLO “en las benditas redes sociales”. Lo que significa una campaña permanente de imagen pública que a la vez sirve para informar de los avances en sus proyectos y las expectativas que se van generando con la retroalimentación de los periodistas, que cotidianamente hacen interlocución con el lider máximo del Partido MORENA.
El “madruguete” que López Obrador realiza fijando la agenda pública nacional día a día, le permite ganar tiempo al tiempo, es decir, durante todo el día solo se debaten, discuten y se apoyan o se combaten, las propuestas del Señor Presidente, y ningún miembro de su gabinete se atreve a cuestionar o contradecir a su jefe, porque de hacerlo, estarían presentando su renuncia (verbal o escrita) al cargo conferido. Hasta hoy no se ha visto que la Secretaria de Gobernación, el Fiscal General o los lideres del Congreso de la Unión, se pronuncien en contra de las expresiones del Lic. López Obrador frente a la prensa.
Tampoco se ha oído al Poder Judicial Federal por voz de su presidente, Arturo Saldivar Lelo de Larrea, una sola expresión con valentía que fije la posición independiente de la SCJN, pues en teoría y siguiendo a Montesquieu, el propósito de dividir el poder público en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lleva la intención de que no sea el depositario de un solo poder, quien haga las leyes, las aplique y administre los bienes del estado, además de fijar el rumbo político de una nación.
El cuadro de colaboradores de primer nivel en la 4ª Transformación, no nos oye, ni nos habla, ni nos ve; es decir, el monopolio del discurso lo tiene el Señor Presidente de la República; sin embargo, las responsabilidades de los funcionarios son claras, a partir del artículo 108 y siguientes de la Constitución Federal.
Y es que todos los servidores públicos están sujetos a las sanciones administrativas y de carácter penal, que según la gravedad de sus conductas, se hayan hecho merecedores; unos por acción y otros por omisión. Quien no delega funciones, concentra todo el poder; aunque al mismo tiempo deberá responder de todo lo que se hizo y lo que se dejó de hacer durante su mandato.
