El alcalde de Banderilla, Juan Manuel Rivera González, informó que el pago de los laudos laborales, a los que fue condenado ese ayuntamiento, representa aproximadamente el 10 por ciento del presupuesto total que recibirá en 2019, establecido por el Congreso Local en 55 millones de pesos.
En entrevista previa a su participación en el Foro Regional de Zonas Metropolitanas, en el Palacio Legislativo, comentó estas sentencias emitidas por el despido ilegal de trabajadores en pasadas administraciones, representan 5 millones de pesos.
Abundó que ese monto representaría la mitad de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que llegan a las arcas de esa demarcación.
“Estamos hablando de casi el 10 por ciento del presupuesto total, la verdad es que no estamos en posibilidades de asignarle tanto recurso, es la mitad del FORTAMUN a pagar laudos”, precisó en sus palabras.
El edil señaló que ante la imposibilidad económica para cumplir con los fallos judiciales, han recurrido al amparo con la disposición de negociar e indicó que son cuatro laudos que ya exigen el pago.
Además de otros dos que continúan en trámites legales, que son de un millón 200 mil pesos.
“Desafortunadamente como todos los municipios tenemos laudos del 2008, que ya los tenemos encima, de hecho días pasados nos tuvimos que meter un amparo federal por que empieza el tema del desafuero y que ya tenemos que pagar”, externó.
Puntualizó que estos laudos datan del 2008 y del 2006; sin embargo, el Ayuntamiento de Banderilla han demostrado que no pueden pagar el total de lo que se pide, aunque ya han realizado abonos a los afectados.
“Estamos en disposición de negociar con ellos, el problema esta en que ahora ya también hay despachos de por medio que no van a dejar perder su comisión tan fácil”, reconoció al afirmar que su gestión no ha generado ningún laudo.
Aseveró que su administración cuenta con finanzas sanas pues que cuando fungía como tesorero en la administración pasada, se realizó una auditoria , que no paso a más, luego de estar auditados medio año, les aprobaron la Cuenta Pública 2017.
“Fue un jaloneo con un diputado, que no se llegó a un acuerdo y ustedes ya saben la historia”, concluyó.
