De las estadísticas que mencionan las organizaciones de la sociedad civil, sobre el crecimiento de la criminalidad, destaca la que refiere que de CIEN delitos cometidos, solo DIEZ son denunciados y de los CIEN, UNO termina con sentencia dictada por un juez. A ello obedece la formación de más de 20 organizaciones civiles, que se han unido para exigir a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, que cumplan con su función y no contribuyan a la impunidad de narcotraficantes, secuestradores, feminicidas, asaltantes y plagiarios que han agraviado a tanta gente y han cometido el grave delito de desaparición de personas.
Tanto de las fiscalías que funcionan en cada entidad y la General de la República, las mismas organizaciones civiles exigen diariamente atención a familiares y agraviados por las acciónese criminales que se van multiplicado y que por negligencia de la burocracia judicial y por corrupción, dejan sin castigo a delincuentes reincidentes quienes una y otra vez, han sido detenidos en flagrancia.
Todo el embrollo que con el nuevo sistema penal acusatorio se debe cumplir, está detallado en los artículos 21 y 22 de la constitución federal; y dicho procedimiento garantista al 100% favorece a la delincuencia por su corrupta y vale maderista interpretación, más que a la sociedad civil agraviada y atemorizada por la inseguridad que supera a las fuerzas del orden.
Veracruz no es ajeno a la negligencia de la burocracia ministerial, pues basta presentarse en la “Unidad de Atención Temprana” a querer formalizar una denuncia, acusación o querella, y lo primero que el ciudadano tiene que vencer es la cerrazón y el despotismo de quienes detrás del escritorio se niegan a atender al pueblo. Y aquel que logra vencer el primer obstáculo, tendrá que enfrentarse al siguiente, donde se ubican más de 20 fiscales, encubiertos de soberbia y prepotencia, que procuran evadir sus responsabilidades y vuelven nugatoria la justicia para los veracruzanos.
No importa a los fiscales cumplir su misión a pesar de los generosos salarios y prestaciones que perciben, para llevar una vida en la que no existe la austeridad, y a pesar de ello, no les importa cumplir con su trabajo, pues desechan cualquier petición ciudadana en demanda de justicia, incrementando con ese despotismo el descrédito y corrupción que salpica de lodo a la dependencia y a quienes ahí simulan laborar.
