Este martes, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado la Declaratoria del Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas.
Cuyo propósito es atender las violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas y establecer con claridad las acciones inmediatas y emergentes en los ámbitos de búsqueda, identificación, investigación y atención a las víctimas.
En tal sentido, el interés primero es visibilizar y reconocer el problema público y colocar en el centro de atención los derechos humanos de todas las personas, partiendo de la premisa de que esos derechos deben ser garantizados en cualquier circunstancia y bajo una perspectiva diferencial y especializada.
A partir de lo anterior, el objetivo es establecer un Plan de Acción integral de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas en el Estado de Veracruz, por violaciones de derechos humanos.
En el documento se establece que que los dos últimos gobiernos no han atendido los informes, recomendaciones y legislación para atender a las víctimas en Veracruz.
Por ejemplo, en lo que respecta a la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que marcan las leyes en la materia, así como las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), en el año 2017 en la Recomendación General 01/2017, por haber detectado un patrón de irregularidades en 81 investigaciones iniciadas por desaparición de personas; y el cumplimiento
deficiente del deber de reparar las violaciones a derechos humanos. Igualmente, en relación a lo que marca la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre personas desparecidas y fosas clandestinas, en lo que respecta a las propuestas y conclusiones que les hace a los gobiernos de los estados y a fiscales generales de cada entidad.
Se precisa además que el Gobierno del Estado hace suyos los informes y recomendaciones derivados de los documentos antes citados que reflejan una crisis por violaciones a los derechos humanos.
Toda vez que existe plena voluntad política de este gobierno para establecer una política pública transparente y con plena participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil.
Se trata de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas víctimas de tales delitos y violaciones a derechos humanos, asimismo de protegerlas de tal forma que su vida e integridad personal no corran riesgo.
Para ello es indispensable fortalecer las capacidades técnicas y financieras de la Fiscalía General del Estado en materia de investigación de los delitos relacionados con la desaparición de personas cometida por particulares y desaparición forzada.
Aunado, se precisa que es prioritario generar en los servicios forenses mejores prácticas y la implementación de protocolos nacionales e internacionales con el afán de garantizar a las personas víctimas un adecuado acceso a la justicia.
