El dictamen por el que se autorizaría al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a contratar un nuevo crédito bancario por hasta mil 650 millones 511 mil pesos, y también a los 212 municipios de la entidad por un monto global de 5 mil 982 millones 966 mil 25 pesos, fue retirado de la orden del día de la sesión extraordinaria celebrada la tarde de este martes.
Por lo que fue devuelto a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y Hacienda Municipal, a petición expresa de la mayoría de sus integrantes, para un análisis mayor.
Previo a la discusión de este asunto, el diputado Eric Domínguez Vázquez hizo la propuesta, misma que fue secundada por sus homólogos Rosalinda Galindo Silva y Augusto Nahúm Álvarez Pellico y rechazada por Brianda Kristel Hernández Topete e Ivonne Trujillo Ortiz.
Cabe recordar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó el proyecto de decreto y la Diputación Permanente lo turnó a dichas comisiones el pasado 19 de marzo.
En el planteamiento del mandatario, se pedía el aval del congreso para que los empréstitos se gestionaran ante cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano a tasa fija y bajo las mejores condiciones del mercado.
Correspondía en el caso del Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y en los municipios a los funcionarios debidamente facultados por la ley, llevar a cabo el procedimiento de endeudamiento, si así lo determinaban.
Se precisaba que los créditos contratados tendrían como fuente de pago la afectación de hasta 25 por ciento del derecho a recibir y los ingresos que a cada municipio le corresponden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos componentes: Municipal (FAISM) y para las Entidades (FAISE).
Para que estos empréstitos fuesen una realidad, la aprobación en el Congreso requería al menos la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes de la Sexagésima Quinta Legislatura.
Se estipulaba también que los proyectos de inversión pública productiva que se autoricen con los recursos del este decreto, deberían contar con la validación de la Secretaría del Bienestar, en términos de la Ley General de Desarrollo Social y los Lineamientos Generales del FAIS.
Los municipios podrían realizar obras en zonas de atención prioritaria en los rubros de agua potable, alcantarillado, infraestructura básica del sector salud y educativo y el estado, obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago.
Adicionalmente se señalaba que el importe máximo de cada financiamiento que individualmente decidiera contratar el estado o cada municipio, así como el plazo para su pago, podría determinarse en lo particular en el correspondiente contrato de apertura de crédito simple que al efecto se suscriba, sin exceder el monto autorizado.
Aunque la autorización para endeudarse correspondía al 2019, también se dejaba abierta la posibilidad de que lo hicieran en 2020, pero en cualquier caso los créditos debían pagarse dentro del periodo constitución de la administración que lo contrate, es decir, el estado lo tendría que hacer a más tardar el 1 de noviembre de 2024 y los municipios a más tardar el 1 de noviembre de 2021.
