Esta tarde la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, esta fue enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que tiene como objetivo establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Dicha iniciativa fue presentada durante la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, donde señala que las campañas de comunicación social evitarán difundir contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.
Asimismo, de incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; incitar a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e inducir a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizadas por cualquier organización política o social.
Para la difusión de campañas de comunicación social y de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, los entes públicos deberán sujetarse a las disposiciones del presupuesto de egresos del Estado o a sus presupuestos de egresos respectivos, así como a su programa anual de comunicación social.
Se prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.
En otro orden de idas, se contempla la creación del Padrón Estatal de Medios de Comunicación. La información contenida en este padrón será pública y accesible a distancia. El empadronamiento en ningún caso, por ese solo hecho, implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
