Lo destacable del Plan Nacional de Desarrollo, se centra en dos vertientes. La primera consiste en el reconocimiento que hace el Presidente López Obrador a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ante la dependencia económica de México y su relación comercial con los dos países en cuestión, pues los objetivos prioritarios que se precisan en el T-MEC garantizan producción, empleo y desarrollo económico, este último considerado como el motor de la libre empresa y de la economía nacional.
La otra vertiente que consiste en pacificar al país en un plazo no mayor al periodo gubernamental de AMLO, resulta crucial y de atención inmediata, ante los incrementos de los índices delictivos, que consigna el Sistema Nacional de Seguridad y en donde aparece el mes de abril recién terminado, como el cuarto mes de la Cuarta Transformación, que rebasa en número de homicidios y delitos de alto impacto, al cuarto mes del inicio de las administraciones de Peña Nieto, Calderón y Fox.
Ahora que los agoreros del mal, le siguen apostando al fracaso de la construcción del Tren Maya, la operación del Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, en cuyos proyectos descansaría la generación de riqueza, acompañada de creación de empleo y desarrollo turístico, petroquímico y de transportación aérea.
Lo del crecimiento económico, también se discute en dos vertientes, por un lado los economistas afines al nuevo gobierno, que sostienen la propuesta inicial de AMLO, del 4 al 6% de crecimiento del PIB, de aquí a 2024; por otro lado y en otra vertiente, las proyecciones catastróficas de los economistas críticos del régimen auguran un crecimiento del PIB, que difícilmente alcanzará el 4% en lo que resta de la presente administración. Difícil la situación económica, pero menos que la pacificación nacional.
Falta conocer la conclusión de la nueva política laboral, acorde a los intereses del T-MEC y por consiguiente de los países que lo suscriben, esencialmente de Estados Unidos y Canadá , que demandaron a México la cancelación de las juntas de conciliación y arbitraje y la conformación de un nuevo sindicalismo, ajeno a las prácticas corruptas de elección y manipulación de la base trabajadora, que restringieron los ingresos de los trabajadores, que ahora tendrán que ser en cantidad superior al desgastado salario mínimo, que desde hace varios lustro paso a mejor vida.
