Una juez de control giró orden de aprehensión en contra de Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte, por el delito de abuso de autoridad debido a irregularidades en cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).
La Fiscalía estatal presentó pruebas en contra del ex diputado federal priista, a quien se le acusa de participar en desvíos por un monto de 453.6 millones de pesos, provenientes de cuotas sindicales de las que se desconoce su destino.
Abdalá actualmente es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso por presunto desvío de recursos en contra de los ex secretarios de finanzas de Veracruz, pero ahora tendrá que rendir cuentas por este caso.
Él es uno de los cinco ex funcionarios de la administración duartista señalados, y cuya solicitud de orden de aprehensión fue formulada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Distrito Judicial de Xalapa.
En la causa penal 255/2018 también se menciona por estos hechos a Antonio Gómez Pelegrín, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Arnulfo Octavio García Fragoso, tesorero de Sefiplan; el ex subdirector de operación financiera de la misma secretaría, José Francisco Díaz; y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de la Tesorería de Veracruz.
Así quedó asentado en la resolución con fecha 6 de septiembre de 2018, suscrita por Mónica Segovia Jacome, Juez de Control y Enjuiciamiento con sede en Pancho Viejo, Veracruz, perteneciente al Decimoprimer Distrito Judicial.
La Fiscalía presentó entre sus pruebas un dictamen pericial contable con fecha del 4 de septiembre de 2018 en el que se apunta que las retenciones efectuadas y no enteradas al sindicato del periodo de diciembre de 2010 a noviembre de 2016 (sexenio a cargo de Javier Duarte) dieron un total de 453.68 millones de pesos.
La denuncia promovida por el SSTEEV refiere que el Gobierno dejó de enterar cuotas a los afiliados, tales como préstamo por seguro social del magisterio, las de defunción, crédito a farmacias y electrodomésticos.
Se explica que la Secretaría de Finanzas y Planeación dejó de cumplir con las obligaciones previstas en la ley del seguro social local.
En los documentos se abunda que las retenciones se vieron reflejadas en la nómina reportada por la SEP, pero no en el sistema financiero.
Además, no se hicieron los trámites correspondientes para que efectivamente el dinero que les quitaron fuera dirigido a sus créditos de seguridad social.
