Incumple cabildo de Coatza con sentencia por adeudo a empresa y lo convierten en deuda pública para el 2020

Por mayoría, el cabildo de Coatzacoalcos determinó que el adeudo de tres millones 185 mil 709 pesos que desde hace más de seis años reclama la empresa Pluvial del Golfo S.A. de C.V. se convierta en deuda pública para el año 2020.

A pesar de que se trata de la ejecución de una sentencia y que hay de por medio una multa de 135 mil pesos para cada integrante del cabildo así como el riesgo de destitución, los ediles avalaron la propuesta presentada por el alcalde Víctor Carranza Rosaldo para prorrogar su cumplimiento.

El presidente municipal explicó que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) requirió el cumplimiento de la sentencia a la que fue condenado junto con la síndica y el tesorero en el juicio contencioso administrativo 98/2015-II, que derivó del cuaderno de ejecución 04/2017 perteneciente a la Sala Superior.

Carranza Rosaldo propuso un arreglo o convenio de pago para cubrir el monto de la sentencia o bien se convirtiera en deuda pública para el ejercicio fiscal 2020, pues recordó que el 22 de marzo del 2017 la empresa no aceptó como pago en especie dos lotes de terreno ubicados en Ciudad Olmeca, pese a que la anterior administración los ofreció a un precio de tres mil 200 pesos el metro cuadrado mientras que en marzo de este año la Dirección de Catastro señaló que su valor real es de mil 560 pesos.

En la sesión se acordó por mayoría convertir el asunto en deuda pública para el año entrante.

Lo que el alcalde Víctor Carrranza no dijo es que a principios de este mes el TEJAV dejó sin efectos un convenio por el cual las partes acordaron tres pagos para liquidar el adeudo: el primero por un millón 185 mil 709 pesos el 19 de marzo, otro de un millón de pesos el 17 de abril y un millón de pesos el 17 de mayo. Lo anterior, luego de que el presidente municipal ordenó al tesorero Mario Humberto Pintos Guillén que no fuera expedido el primer cheque.

Así quedó asentado en autos, pues la síndica Yazmín Martínez Irigoyen lo manifestó de viva voz y por escrito ante el tribunal, al tiempo que pidió dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.