Empresa nacional alerta de peligros y riesgos para su personal ante aumento de huachicoleo de gas en zona centro de Veracruz

La Asociación Mexicana de Distribuidoras de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) denunció que el comercio ilícito de gas en el país, y mayormente en el centro de Veracruz, pone en riesgo la distribución legal, así como la integridad de las personas que se dedican a esa industria.

Ante la inseguridad y prevalencia de distribuidores que no cumplen con las reglas de seguridad y ambientales, la asociación pidió la intervención urgente del Gobierno federal.

En particular, en la región de Veracruz, que abarca a los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín de las Flores, la inseguridad se “ha salido de control, al grado de volver riesgosa la circulación de vehículos distribuidores y del personal de empresas formalmente establecidas, así como de la población en lo general”.

La Amexgas acusó que existe distribución de gas de “procedencia ilícita con personas y vehículos ajenos al mercado legalmente establecido, y por ende, no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes, lo cual pone en riesgo a trabajadores de la industria formal y a la población”.

Entre sus peticiones, resalta que la Fiscalía General de la República (FGR) instaure una representación en materia de hidrocarburos en las localidades con mayor conflicto en esta materia.

Uno de los objetivos es que las autoridades revisen “la debida acreditación de la propiedad lícita del producto mediante la presentación de la factura o CFDI correspondiente, así como los permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el alta de los vehículos dentro del parque registrado ante dicha autoridad”.

Pidieron que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ejerzan sus facultades y realice operativos de verificación en instalaciones y vehículos presumiblemente ilegales o irregulares, que no reúnan las condiciones normativas de una operación segura, así como su coadyuvancia con autoridades de seguridad, ministeriales y de impartición de justicia, solicitando el apoyo a Guardia Nacional (GN).

También pidieron la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera “para realizar inspecciones y auditorías de controles volumétricos a empresas denunciadas por compra, distribución y comercialización de Gas LP robado”.

La asociación lamentó “el deterioro del Estado de Derecho en los municipios antes citados que pone en riesgo a la población y es una clara muestra de una crisis de seguridad pública que se vive en Veracruz”.

(24 Horas)