Un tribunal federal rechazó reconocer a una organización no gubernamental (ONG) como víctima de la corrupción, en la investigación iniciada contra los funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que negociaron la sentencia de 9 años de cárcel con Javier Duarte.
El Séptimo Tribunal Colegiado Penal revocó el amparo que un juez federal había otorgado a la asociación civil Tojil Estrategia contra la Impunidad y que reconocía en forma inédita esa calidad jurídica y su consecuente acceso a la citada indagatoria.
Durante la sesión del pleno de ayer, los magistrados Herlinda Velasco Villavicencio y Miguel Enrique Sánchez Frías votaron por revocar el amparo, argumentando que la ONG no se ubica dentro de ninguno de los apartados legales que definen la calidad de víctima.
Señalaron que el cohecho y los delitos contra la administración de la justicia que pudiesen haber cometido los funcionarios que pactaron el procedimiento abreviado en favor del ex Gobernador de Veracruz no le causa ninguna afectación a la asociación civil.
Sánchez Frías incluso señaló que la Convención Interamericana de Derechos Humanos no reconoce como un derecho el vivir dentro de un ambiente libre de corrupción, premisa en la que dijo que estaba basado el amparo que en primera instancia le concedieron a Tojil.
“No hay base convencional o constitucional para sustentar la existencia de un derecho humano a un ambiente libre de corrupción. No hay tal derecho humano”, dijo el Magistrado.
Pero la Magistrada Lilia Mónica López Benítez votó en favor de la quejosa, advirtiendo que la corrupción afecta bienes jurídicos colectivos y que interpretar los derechos desde la perspectiva de las Convenciones limita la progresividad de la protección a los mismos. Aún así, ninguno de sus colegas cambió de opinión.
(Reforma)
