El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm) se ha negado a acatar los cambios a las leyes que establecen el voto libre y secreto para la elección de dirigentes sindicales, ya que los líderes han permitido esa modalidad pero solamente a los secretarios generales de las secciones.
Ricardo Castelo Castillo, aspirante a la dirigencia de la sección 11 en Nanchital, explicó que la organización a nivel nacional pretende ganar tiempo debido a que la impugnación de los secretarios generales del 2018 avanza lentamente.
“El sindicato petrolero se sigue defendiendo, sigue tratando de buscar las formas de no acatar lo que la nueva Ley Federal del Trabajo dice, lo que la Constitución en su artículo 123 dice, de que las elecciones tienen que ser con voto libre y secreto donde participen todos los trabajadores. El sindicato quiere que se sigan tomando acuerdos donde solamente participen los secretarios generales porque dicen tiene la representación de los trabajadores negándoles el derecho que la ley les da”, explicó.
En entrevista, detalló que las impugnaciones en contra de la elección de los secretarios de la mayor parte de las secciones del Stprm no han avanzado por falta de personal y la saturación de la carga de trabajo en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
Recordó que prácticamente todas las elecciones fueron impugnadas en el país desde el 2018 y desde entonces los juicios están detenidos, lo que ha servido al Stprm para ganar tiempo en contra de las disposiciones que establecen el voto libre y secreto.
“La mayoría de las secciones están impugnadas, no tienen la celeridad que quisiéramos, que nos gustaría, que se debiera, más sin embargo van caminando los juicios, esperemos que con el cambio a los centros laborales que la nueva ley federal del trabajo obliga se agilicen todos los juicios laborales.
El problema es que hay muchos juicios, muchos expedientes, muchas demandas y no hay el personal suficiente adecuado”, expresó.
A pesar de lo anterior, reveló que existe una resolución del 2015 de la sección 26 de Las Choapas que ordenó la anulación de la elección así como de los artículos de los estatutos del Stprm relacionados con las elecciones a mano alzada por ser anticonstitucional, la cual beneficiaría a la clase trabajadora.
